jueves, 14 de febrero de 2013

Conselleria de la Beneficencia: caridad vs. derechos


Sra. Consellera, lamentablemente aunque sea su primera comparecencia en esta Cámara, por cierto, vergonzosamente dilatada en el tiempo, no sé si referirme a su conselleria como la de la Extrema necesidad por la situación alarmante que se vive en las calles o llamarla la de la Beneficencia que es en lo que la están ustedes convirtiendo.

Como ejemplo les cuento el caso de mi amiga Maite: “Mi caso en concreto es que de 468,62€ que percibía de la dependencia por tener a mi cargo a una gran discapacitada, en agosto me lo bajaron a 398,33€, me quitaron la cotización a la seguridad social y además pusieron la aportación a los medicamentos y el recorte del mes de noviembre ya vino con 37,87€ al mes ¿Qué se puede hacer con una gran dependiente que necesita ayuda las 24 horas al día con 37.87€ al mes?”

El REPAGO llega después de otras dos mermas en las ayudas. La primera fue la retirada del pago de la cotización a la Seguridad Social que abonaba la Administración a los cuidadores de familiares y que desde enero deben pagar íntegramente los beneficiarios si así lo quieren. La segunda fue una rebaja del 15% en las ayudas, que se comenzó a aplicar en agosto.

Desde la Plataforma por la aplicación de la Ley de Dependencia exigen dos cosas de forma contundente:

Que se derogue la Orden 21/2012 de 25 de octubre, por la que imponen un Copago de hasta el  90% provoca un recorte  brutal de las  prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, en muchos casos hasta un 70% dejando a muchas familias con sólo 20 euros. Ello muestra claramente el desamparo y desprecio a  los dependientes y a la labor abnegada e impagable de las cuidadoras; y por otra, una  obsesión por el déficit que sigue premiando a los bancos y especuladores, y castiga a los débiles, con unas medidas claramente usureras.

Que se elimine también el decreto que se publicó el  27 de diciembre, con "festividad y alevosia" por el que se impone el copago farmacéutico a los grandes discapacitados con más de un 65% y a los menores con un 33% de discapacidad, siendo estos los más perjudicados por cuanto, al no  poder ser sujeto de pensión contributiva, tienen que contribuir con el 40% o más de sus padres por sus medicamentos, lo cual va ser un gravamen descomunal para muchas familias.

Porque se ha creado una alarma social entre los dependientes y sus familias porque el Gobierno Valenciano, haciendo gala de su opacidad manifiesta, no ha informado de estas medidas a las familias, teniendo estas que enterarse a posteriori de los efectos de las mismas; lo cual no solo supone un ensañamiento en las economías maltrechas de las familias, sino sobre todo una falta absoluta de interés por atender al principio democrático de la información debida.

Esquerra Unida ya ha registrado y tendrá que debatirse en esta Cámara dos proposiciones de Ley para derogar el medicamentazo y el repago a las personas con discapacidad y dependencia.

En el sector de la discapacidad se vive en constante encierro, movilización, organización para soportar sus planes que suenan como amenazas. Los últimos encierros se convocaron en protesta por los impagos y anteriores promesas incumplidas por su parte con respecto al pago de las deudas. Deudas que no han acabado. A pesar de que desde su conselleria se venda como un gran éxito pagar el 40% de las subvenciones a los centros ocupacionales con 4 meses de retraso y tras dos convocatorias de huelga de hambre. Porque cuando usted afirmó que el día 31 de enero abonaría ese 40% esta promesa fue arrancada por la presión que ejerció el inicio de la huelga de hambre del centro Los Silos de Burjassot, porque le recuerdo que en un principio el Consell sólo estaba dispuesto a abonar un 15%”.

Sra. Sánchez Zaplana, los encierros son la respuesta de un sector que ya no puede más, que ahora tiene que sufrir otra embestida: la amenaza del recorte del 9% lineal en todo tipo de programas y subvenciones que para todos los centros y entidades va a suponer un golpe traumático -270.000 euros menos por ejemplo para Asprodis de Elda, 45.000 para el centro El Puente de Aspe- que imposibilitará que sigan ofreciendo los mismos servicios que hasta ahora. Y además, tampoco saben de qué manera aplicarán el copago anunciado para este año. La situación es insostenible. La dejación por parte de su Consellería y el Consell Valenciano de sus obligaciones constitucionales para con sus conciudadanos, les hace responsables directos de situaciones de desigualdad, injusticia y exclusión social.

EL TIJERETAZO DEL 9% ES UNA MALA OCURRENCIA QUE ABOCA AL SECTOR AL COLAPSO Y EN ALGUNOS CASOS AL CIERRE DE CENTROS.

El sector de la discapacidad es el receptor de estas agresiones constantes por parte de la conselleria a todo el colectivo que engloba a este sector, a través de impagos constantes con las consecuentes acumulaciones de intereses por parte de las entidades que han tenido que pedir créditos para poder mantener los servicios y el pago de nóminas. Una situación de colapso real que no ha recaído sobre los usuarios en su atención, única y exclusivamente gracias a los trabajadores y trabajadoras que incluso han ido acumulando nóminas sin pagar de una media de cinco meses.

¿Dónde queda la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a la que obliga el artículo 49 de la Constitución?

Porque no sólo se deben al artículo 135 de la Constitución (contrarreforma del techo de déficit), señorías del PP, se deben antes a muchas otras disposiciones y articulados que regulan la garantía de derechos fundamentales como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, el propio Estatuto del discapacitado o el Estatuto de Autonomía que en su artículo 10 deja claro que la Generalitat ha de centrarse en la no discriminación y derecho de las personas con discapacidad y sus familias, a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica. Dará protección y asistencia social”.

Con la aplicación de sus políticas no sólo no cumple son estos principios sino que condenan a este colectivo a la falta de futuro, creando un brutal impacto de género y la puerta abierta a la exclusión social. ¡Escuchen por una vez! El sector está lanzando un grito social continuado para alertar de las consecuencias de la implantación de su ideología, que no es otra cosa que demostrar la inviabilidad no solo de la Ley de dependencia, sino la inviabilidad de la integración del sector en la sociedad. Han convertido las prestaciones de la dependencia –a quien se las dan- en una limosna miserable que relegará a estas personas a la soledad de sus hogares como ocurría hace 40 años. ¡Que recurran a Cáritas o al Auxilio Social porque sólo quien se pueda pagar la atención, la tendrá! Ese es su mensaje.

En el ámbito de la Cooperación Internacional, tampoco lo tiene fácil, Sra Consellera.

Además de la herencia envenenada que representa la aparente trama corrupta investigada en los tribunales, ha de gestionar un área: en la que se incumple la ley y los pactos establecidos con la sociedad civil; carente de un marco político, programático y estratégico que merezca ese nombre; sin apenas presupuesto y con deudas con las entidades de cooperación que superan los 6 millones de Euros y los 2 años de antigüedad.

Ante este desolador panorama, que amenaza con echar por la borda 25 años de cooperación internacional, desde EU seguiremos exigiendo, ante todo, el 0,7% para AOD y denunciando el raquítico presupuesto aprobado por el Consell para este año 2013.

Su principal reto, Sra. Consellera, es recuperar el prestigio perdido de la Cooperación Valenciana. Tiene la responsabilidad de promover la transparencia y perseguir los delitos que pudieran haberse cometido bajo la dirección del ex Conseller Blasco en la gestión de las ayudas a los países empobrecidos. También de resarcir a los perjudicados, que son muchos y además debe ser consciente de que la etapa Blasco no se cerrará mientras siga ocupando un escaño. Una etapa de saqueo de las arcas públicas que, casualmente, nos llevan a una reducción histórica del presupuesto para esta materia en un 80%.

Ayer ante las puertas de la Conselleria en Alicante se gritaba “Menores tutelados, menores olvidados”. Porque este Consell machaca constantemente a las familias de acogida con sus retrasos y recortes en los pagos, con la falta de información acerca de sus derechos como padres y madres de acogida… Porque este Consell no hace más que recortar y demorar los pagos de nóminas y programas. Como ejemplo las 4 nóminas impagadas a los trabajadores de Emaus-Los Arcos y la Fundación Relleu de Alicante. Encargados de atender a menores tutelados por la Conselleria, de hacer seguimiento a las familias de acogida, de valorar y formar a nuevas familias que estén dispuestas a prestar sus días al servicio de acoger menores en acogida, una tarea sumamente dura, ardua y fundamental para una mayor calidad de vida de esos niños y niñas.  Una tarea que ustedes obstaculizan diariamente.

Va a haber un calendario estable de pagos y comprometido con las entidades? ¿Va a haber una financiación adecuada para estos centros y programas?. ¿Cómo lo va a conseguir con ese recorte de un 7,30% de los presupuestos en lo destinado a la protección de menores? Están desmantelando el sistema público de protección de menores con los continuos recortes en Servicios Especializados de Atención a Familias con menores en situación de riesgo y con medidas jurídicas de protección, en los Puntos de encuentro familiar en los centros de día… se han cerrado pisos de atención a menores, SIAFs, existe una desaparición de plazas para usuarios y una gran pérdida de empleo en el sector.

¿De qué transversalidad me habla en cuanto a género si el impacto brutal que tiene sobre las mujeres su política de atención social con la que está relegando a las mujeres de nuevo al ámbito privado cuidando de familiares que necesitan de cuidados porque ustedes han relegado a limosna las prestaciones sociales? Si ustedes no analizan ni estudian el impacto de género ni siquiera en su Ley de presupuestos, cuando es una prescripción legal que todo texto normativo vaya acompañado de ese estudio.

En cuanto a la exclusión social, es aberrante su falta de sensibilidad que responde a planteamientos claramente ideológicos. Primero llenaron los ayuntamientos de ordenanzas contra la mendicidad y la prostitución y lo complementan con recortes en la Renta Garantizada de Ciudadanía cuando hay más de 10.000 personas esperándola. Cifra que aumentaría solamente con que ustedes publicitaran algo la existencia de esta prestación. Una prestación que se otorga en casos de extrema necesidad, situación que en el País Valenciano llega ya a más del 27% de la población. Porcentaje que le traduzco en unas 120.000 familias sin ingresos. ¿Cómo es posible que ustedes no hagan un análisis real y profundo sobre las enormes deficiencias de este sistema si en el Informe de gestión de la RGC de diciembre de 2012 presentan unos datos vergonzosos de 12.282 titulares en 2012? Y se atreven a manipular los datos diciendo que ello corresponde a 31.710 beneficiarios porque reconocieron en la reunión que se referían a todos los miembros de la unidad familiar… No les voy a aburrir con estos lamentables datos e indicadores chapuceros pero es que además nos dicen que ha habido 3.100 denegaciones de RGC y 1 caso de silencio administrativo… ¿Nos pueden explicar por qué? ¿A qué se debe?¿Van a seguir riéndose de la Renta Garantizada de Ciudadanía o van a publicitarla, conveniar con los ayuntamientos su gestión y resolución? Dígame, va a dejar en la estacada a las más de 120.000 familias valencianas que necesitan esta ayuda para comer.

 

Las vidas en las que influyen sus decisiones no son meras cifras son personas que tienen conciencia, dignidad –más que ustedes- y se seguirán rebelando porque eso es la democracia, la defensa constante de los derechos y las libertades. Dejemos claro que los responsables de este atentado constante a la garantía de los derechos fundamentales tienen nombre y apellidos. Y en el País Valenciano se sientan en esos sillones oscuros y se llaman gobierno valenciano.

 

miércoles, 3 de octubre de 2012

La discapacidad está en lucha en el País Valencià

Que la discapacidad esté en lucha es un hecho que define al gobierno que sufrimos, un gobierno que, por norma, incumple reiteradamente sus obligaciones de pago con los sectores que se ocupan de los más vulnerables. Esta situación lleva produciéndose desde prácticamente 2010, y ahora se ha hecho totalmente insostenible. Por eso, los profesionales, los familiares y los propios usuarios de la red de atención a la discapacidad se han organizado para combatir en una batalla que debiera ser innecesaria por su importancia en un Estado de Derecho: la de la garantía de los derechos sociales.

Entidades como APSA sufren impagos desde 2010 de distintas subvenciones que ascienden al millón de euros. El centro ocupacional “El Maigmó” pronto se verá abocado a dejar de pagar las nóminas. Los trabajadores y trabajadoras de Asprodis son veteranos en la organización de encierros y concentraciones, al igual que los compañeros y compañeras de el centro “El Puente” de Aspe. En el caso de las comarcas centrales, tuvo que ser Xavi Castillo –el humorista más vetado por el Partido Popular y sus tentáculos- el que retransmitiera el encierro en centros de Massamagrell por impagos al Consorcio de l’Horta Nord que suman casi 800.000 euros. Pero hay algo más que une a los más de cuarenta centros que están secundando las protestas: el compromiso, la solidaridad y la responsabilidad en el mantenimiento de la garantía de los derechos sociales de la discapacidad. Porque quienes hacen posible que no se hayan cerrado todavía muchos centros y que continúen prestándose servicios fundamentales son los profesionales que han puesto en la última de sus prioridades la reclamación de sus nóminas, priorizando por encima de todo, como pilar fundamental de nuestra sociedad, la garantía de la justicia social.

Sin embargo no creo que este colapso en el tercer sector sea algo inconsciente y azaroso. Se está poniendo en tela de juicio el modelo de financiación y gestión del bienestar social. A través de la asfixia a las entidades sin ánimo de lucro se justifica su inviabilidad y empiezan a escucharse las amenazas del “copago” o “repago” en el horizonte del 2013 como posible “solución” por parte del Consell.

El desgobierno, el descrédito, la sinrazón de la derecha más insaciable envuelven la inacción del Consell en materia de atención social. Y mientras tanto, los días pasan, las nóminas se atrasan, los recursos disminuyen, la atención se deteriora, y la incertidumbre crece y se apodera de la estabilidad de las personas, de las miles de familias que necesitan ser atendidas, ser cuidadas, ser socializadas, ser comunidad. Y es así como el tercer sector manifiesta abierta y desesperadamente que no puede seguir aportando medios de supervivencia a la vida de miles de personas.

En Les Corts hemos registrado la petición de un Pleno monográfico sobre la gestión del Consell en el ámbito de la discapacidad, hemos exigido en numerosas ocasiones la calendarización urgente de los pagos, queremos que se debatan los nuevos modelos de financiación con la Mesa por la discapacidad y los agentes sociales. Lo pelearemos, lo gritaremos y, seguramente, lo perderemos parlamentariamente. Pero el peligro de que el PP abandone definitivamente la garantía de la atención integral a la discapacidad se cierne sobre miles de familias valencianas a las que la sombra de los cuidados caritativos de antaño y la reclusión de la discapacidad en los muros del hogar les parece un posible futuro.

La discapacidad está en lucha, al igual que una gran mayoría social (a veces silenciosa, otras con potente voz), que cada vez es más consciente de que el gobierno está al servicio de los poderes económicos. Esperemos que en esta batalla, y en otras tantas de similar importancia, la justicia social conquiste la victoria. La calidad de vida de miles de personas nos va en ello.

martes, 25 de septiembre de 2012

25S: ¡liberemos al Congreso de su secuestro!


Alberto Garzón Espinosa y Esther López Barceló

¡Esto es un secuestro! La democracia, para ser tal, ha de servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de estar sujeta a leyes, elaboradas a partir de la razón y de la justicia, que salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan ante cualquier otro poder. Y precisamente por ello lamentamos y denunciamos que en nuestros días la democracia y sus leyes están secuestradas por poderes económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular.

La crisis económica no ha hecho sino mostrar la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como democráticos y que, por el contrario, ahora se revelan inútiles en la función de representar la voluntad popular. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad.

Cuando un gobierno rompe el único vínculo que le une con la ciudadanía, que es el programa electoral que se compromete a cumplir, está violando la legitimidad de la soberanía popular y deslegitimando su propia existencia. Desde luego ello es legal, pues no hay ningún fundamento jurídico que le impida hacerlo, pero supone también que estamos ante algo injusto e ilegítimo.

La falta de respeto por los principios democráticos de nuestros gobernantes, unida a su mediocridad y su afán por imponer sus planes son las causas de que sólo sepan actuar mediante la represión policial y el recurso de cita ininterrumpida del corpus jurídico del statu quo. ¡Cómo si no supiéramos discernir qué es legal o no dentro de este marco!

Este sistema aparentemente democrático se nos vendió como el diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos derechos sociales. Nos dijeron que era un sistema que nos proporcionaba capacidad para decidir.

Más de treinta años después una nueva generación afrontamos un dramático escenario. Somos la llamada “generación perdida”, la juventud sin futuro. Y ahora que nos levantamos para reclamar democracia –porque queremos decidir sobre nuestras vidas- y justicia –porque queremos vivir en paz- nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte; aquella que decidieron otros. Y la más amable respuesta que obtenemos es la llamada al exilio, esto es, a la búsqueda de esperanza fuera de nuestra tierra.

Sufrimos la persecución cuando nos rebelamos y cuando contestamos ante los ataques de unos gobiernos que roban nuestras esperanzas con infames excusas. De hecho, ya no hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar que “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco ya lo hemos tenido que hacer.

Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizaron salvajemente por empujar carritos de la compra mientras denunciábamos el hambre creciente.

Nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio; nos criminalizan e identifican policialmente por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política; nos criminalizan, en definitiva, porque estamos poniendo de manifiesto que lo que un 23 de febrero no acabó de fraguar se está permitiendo que prospere cada día de forma legal.

Empezaron cambiando la esencia del principio constitucional, que garantizaba la aplicación de derechos fundamentales, para priorizar el pago a las entidades financieras. Aprobaron una amnistía fiscal que permitió que los delincuentes de cuello blanco, estafadores que merman la sanidad y educación pública, quedarán indemnes de cualquier sanción. Aprobaron una reforma laboral que dinamitó nuestra defensa ante la explotación laboral, permitiendo enmascarar despidos improcedentes en despidos objetivos. Legalizaron el racismo en la sanidad pública. Incrementaron las tasas para obstaculizar a los más pobres el acceso a la educación. Rescataron y rescatan a los bancos, haciendo un bote común con nuestros impuestos, mientras nos expulsan de nuestras casas tras habernos expulsados de nuestros trabajos.

Dicen que queremos dar un golpe de Estado. Pero no es cierto. Lo que queremos es dar un golpe encima de la mesa. Queremos alcanzar la democracia. Queremos una legalidad que nos represente y nos defienda. Queremos vivir sin miedo. Porque tenemos propuestas, reivindicaciones, necesidades. Porque el 25S es un arma cargada de propuestas de futuro. Porque para poder recuperar nuestra soberanía, nos hemos dado cuenta de que es imprescindible un Congreso liberado.



miércoles, 23 de mayo de 2012

La vida digna de los dependientes valencianos es inviable para el PP

Hoy en el Pleno de Les Corts el Partido Popular ha vuelto a votar en contra de una propuesta de Esquerra Unida para mejorar y garantizar la aplicación de la Ley de Dependencia en el País Valencià.

Esta ha sido mi intervención:


“La Ley de la Dependencia no es viable y se hará lo que se pueda”. Esta es la declaración de intenciones con la que el Sr. Rajoy nos amenazaba a todos siendo aún candidato a Presidente del Gobierno. Cuatro meses después cumplía sus palabras con unos recortes que hacen inviable la vida digna de los dependientes.

Estamos hablando de que el gobierno del Partido Popular está promoviendo conscientemente la inviabilidad de una Ley para promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), una Ley con la que nacía un nuevo sistema de prestaciones públicas sustentado en un derecho subjetivo universal para toda la población que así lo requiera, una Ley con garantía pública que fue aprobada por las Cortes Generales por mayoría absoluta.
Venimos a pedir que se aplique la Ley porque para su aplicación se necesitan recursos económicos y si no los hay, si ustedes no quieren que los haya, entonces, están impidiendo que se cumpla la Ley. Una Ley que supone una ayuda para miles de personas en el País Valencià cuyas vidas ya están suficientemente limitadas como para que a través de las instituciones públicas se les niegue todo.

Porque hablamos de más de 20.000 personas fallecidas esperando las ayudas, de más de 35.000 que aún esperan la firma de su resolución. Hablamos del peligro real de que si no se aprueba lo que exige esta PNL, no se atenderán a más de 20.000 personas que en el PV ya están reconocidos como dependientes y se encuentran en el “limbo” de la Dependencia. Y ustedes mejor que yo conocen este concepto: el del limbo, una región fronteriza del infierno, en una especie de nivel superior, donde no les alcanzaría el fuego… Aunque eso es sólo en la teoría porque estas personas y familias que tienen nombres y apellidos, que existen realmente, que no son sólo números, ese limbo empieza a parecerles un verdadero infierno.

Porque según el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso y el Síndic de Greugues en el País Valencià no se garantiza el derecho subjetivo adquirido con esta ley de todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque cada uno de dos dependientes valencianos a los que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio se encuentra en lista de espera.

Es decir, que lo peor que le puede pasar a un dependiente es vivir en nuestra comunidad porque sus necesidades no van a ser atendidas.

El número de ciudadanos que están acudiendo a los tribunales, para que se les reconozca la retroactividad o el pago de las prestaciones es ingente. Se está obligando a esas personas a judicializar un derecho que debería de venirles directamente dado por la administración. Se ha instaurado por la fuerza de los hechos el que para que esta Ley se cumpla se ha de reclamar. Pero es que cuando se reclama y el dependiente gana, entonces: la irresponsabilidad y la desidia de no hacer cumplir una ley se vuelve muy cara –hablando en términos de rentabilidad económica que es el lenguaje que ustedes entienden cuando hablamos de derechos sociales- porque por ejemplo, a un joven con el grado de discapacidad del 82% y una valoración como gran dependiente, el TSJ ha condenado al Consell a pagarle 7.000 euros por el retraso en el abono de las ayudas. Y ¿saben cómo Ulises –porque tiene nombre- había conseguido en 2010 que se le abonara parte de la deuda? Encadenándose junto a su madre a un edificio del Prop de la Generalitat. ¿Qué es esto, señorías? ¿Qué es esto? ¿A qué situación de barbarie nos están abocando?


Y les digo más, es imprescindible que contemos con esa partida presupuestaria mínima para contrarrestar las injustas medidas que el gobierno de Rajoy ha implantado porque, al parecer, también es necesario que los dependientes vivan todavía más por aún debajo de sus posibilidades:

 
1º.- Por que el gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 20-2011, de 30 de diciembre, anunciando la “MORATORIA de un año en la entrada en el SAAD, para los dependientes moderados, Grado I Nivel 2 (enero de 2013) y Nivel 1 (enero de 2014)”: la moratoria saca del sistema de la dependencia a 30.000 dependientes moderados I-2, e insiste que las autonomías que llevaban ya un retraso en la gestión de los expedientes han aprovechado para sacar del sistema otros 29.000 dependientes sin propuesta de PIA antes del decreto. También se retrasa un año más la entrada en el sistema de los moderados grado I-1 (enero de 2014).

 
2º.- Los RECORTES con la eliminación de las partidas de FINANCIACIÓN DEL NIVEL ACORDADO: En el Consejo de Ministros de 30 de marzo, el gobierno decidió, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, suprimir la aportación que la Administración General del Estado (AGE) hacía a la financiación de la Ley de la Dependencia por el concepto de Nivel Acordado para toda España por un valor de 283 millones de euros, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de las aportaciones de la AGE.

Esto va a afectar directamente a la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, a sus familiares, y a todas y todos los trabajadores y empresas del sector de la dependencia.

3º.- El copago en los medicamentos también va a afectar de forma alarmante a los dependientes porque el 76% son mayores de 65 años, más enfermedades y más necesidad de cuidados y de medicación.

 
Por todo ello, exigimos la necesaria, solidaria y humanitaria decisión de INSUMISIÓN del Consell frente a la Moratoria aprobada por el gobierno central para los dependientes moderados y por supuesto la recuperación del nivel acordado en sus presupuestos intentando garantizar así: la dignidad en la atención a las personas en situación de dependencia, la promoción de la autonomía personal y la creación de empleo de calidad.

Porque por si todo esto fuera poco como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por el Imserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.

En definitiva, el PP quiere que volvamos a los años oscuros del franquismo para que las mujeres vuelvan a dedicarse en exclusiva al cuidado de su familiar dependiente. Y que los dependientes y sus familias vuelvan a vivir de la caridad y de la limosna.

Mientras se piense que la aplicación de la Ley de Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social, seguiremos abocando a la exclusión social a los dependientes y sus familias.

¿Quiénes son ustedes para afirmar que las personas dependientes no son viables en nuestra sociedad? Porque si ustedes afirman que la Ley no lo es y además imponen su inviabilidad a golpe de decreto y de recorte, a lo que abocan es a la inviabilidad de una vida digna a estas personas.

 
Tienen ustedes una responsabilidad social, moral, política y económica para con estas personas. Asúmanla.

miércoles, 25 de abril de 2012

La intervención en Les Corts que ha molestado tanto al PP

Sobre el Proyecto de Ley sobre la ética pública que regula el régimen de obsequios i el registro de obsequios y atenciones protocolarias a las autoridades, funcionarios y empleados públicos valencianos (Compromís).
Qué duda cabe que Esquerra Unida va a votar a favor de esta proposición de ley, porque el País Valencià es la comunidad más deficiente en cuanto a transparencia en los datos más sensibles a la hora de poner obstáculos a la corrupción. Es necesario elevar la “cultura informativa” de los organismos públicos y hacer accesible a la ciudadanía la información relativa en cuestiones de transparencia que han sido reclamadas socialmente y que han sido motivo de preocupación en las calles. Porque la Generalitat Valenciana necesita transparencia en lo que respecta a su economía financiera, los procedimientos de contratación de servicios y operaciones con proveedores y contratistas.


Y la verdad que tengo que reconocer que es muy lamentable tener este debate en Les Corts, primero porque demuestra que la ética pública no está garantizada legalmente en el País Valencià; y segundo, porque, tristemente, es predicar en el desierto de la mayoría absoluta de un partido que continuamente nos viene acostumbrando a la opacidad, los escándalos y las negativas a todo lo que huela a transparencia y depuración de responsabilidades políticas. Porque cómo hacer comprender lo que significa la ética pública a aquel que piensa que ser representante ciudadano es estar un peldaño por encima del resto de sus conciudadanos, convirtiéndolos así en súbditos. Cómo hacer comprender lo que significa ética pública a aquel que piensa que existe la “clase política” y no se considera un asalariado, un trabajador o trabajadora, al servicio de la ciudadanía, sino un privilegiado con un status muy diferente al del resto del pueblo, que incluso lleva a equívocos en los que se confunde el término aforado con el de impune.

Desgraciadamente, en el País Valencià, se ha vuelto revolucionario defender lo que es de sentido común… porque es detestable que tengamos que escribir una ley para que sus señorías, autoridades y funcionarios públicos sean conscientes de que está mal recibir obsequios de quién espera algo de la administración en la que trabajan, que está mal tanto recibir un coche –por pequeño que sea- como un bolso. Es detestable que se tenga que explicar por escrito que en el funcionamiento correcto de la administración pública sólo ha de primar el interés general. Porque este proyecto de Ley no sólo sirve para dar transparencia, también tiene un carácter ejemplarizante y yo diría que incluso permitirá acabar con posibles momentos tensos entre amigos de toda la vida, porque así nadie quedará mal no aceptando un regalo porque se puede justificar diciendo que hay una ley que lo prohíbe.

Además, existe otra medida muy importante y es aquella que prohíbe el legislar pensando en el futuro, en el futuro individual, me refiero. Así que para alejar de esa pecaminosa tentación a sus señorías, funcionarios, etc… no se podrán aceptar lugares de trabajo en empresas del sector en el que estos hayan prestado algún servicio o hayan sido contratistas de la administración. Porque la no prohibición de estas posibilidades puede nublar el juicio a la hora de trabajar y es mejor no arriesgarse.

Pero como decía al principio esto sigue siendo predicar en el desierto y no tenemos más que repasar todas las comisiones de investigación que han sido denegadas en esta legislatura o el registro del uso de los coches oficiales que demandamos desde Esquerra Unida, lujo que por cierto nosotros no usamos y creo que, por tanto, teníamos derecho a saber de qué modo usaban sus señorías los suyos, pero no sólo nosotros, sino los ciudadanos y ciudadanas que quisieran saberlo ya que es de sus impuestos de donde se detrae el pago de esos privilegios.

La aprobación de este proyecto de ley sería una verdadera muestra de confianza y transparencia de este nuevo gobierno, porque si no se aprueba por unanimidad querrá decir que una parte de este hemiciclo tiene todavía muchas cosas que esconder.

miércoles, 21 de marzo de 2012

Debate íntegro sobre bebés robados en Les Corts valencianes

Proposició no de llei, de tramitació especial d'urgència, sobre la creació d'un banc d'ADN que permeta el creuament de les dades dels denunciants dels casos de robatori i desaparició de nounats, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE número 15. 650, BOC número 55)


El senyor president:

Sext punt de l'ordre del dia: presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la creació d'un banc d'ADN que permeta el creuament de les dades dels denunciats dels casos de robatori i desaparició de nounats, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Per a la presentació de la defensa de la PNL i esmena té la paraula la representant del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, la diputada senyora Esther López.

La senyora López Barceló:

Buenos días.

Para presentar esta proposición no de ley querría primero dar la bienvenida al hemiciclo a las compañeras de la Asociación SOS Bebés Robados que han sido invitadas por los grupos de la oposición para que estuvieran presentes en el debate. (Aplaudiments)

Comenzaré. «La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia politicosocial, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. » Esta barbaridad era la que decía el comandante Antonio Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos militares, ideólogo del franquismo, que justificó el robo de bebés de las presas rojas a principio de la postguerra y comienzo de un negocio que fue muy rentable y que, al parecer, por lo que dicen los hechos, continuó hasta finales de los años ochenta. Y para ello me gustaría que los señores diputados pudieran ver el documental Els nens perduts del franquisme del señor Ricard Vinyes y de Montse Armengou, que pudimos ver todos en TV3 cuando todavía teníamos señal. ¡Qué tiempos aquellos!

Porque entre los años 1940 y 1990 se produjeron en el estado español robos organizados de neonatos y en la trama estaban involucrados médicos, matronas, funcionarios, rectores. Y los afectados, según los cálculos de la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares, podría ser de cerca de trescientos mil en todo el estado.

Las fiscalías de Valencia, Alicante y Castellón ya cuentan con una docena de denuncias de niños robados y cada día siguen apareciendo más casos. Por cierto, que el viernes pasado en Málaga, en Monda, se pudo exhumar otra tumba vacía que era de 1984, una persona que en estos momentos es más pequeña que yo. En este caso, en el del hospital de Monda, también se hacía cargo el hospital del entierro. Porque voy a contar cuál es el patrón que se ha seguido para los afectados y afectadas del País Valenciano.

En las maternidades decían a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto e incluso, en algunos casos, llegaban a organizarse por parte del hospital falsos entierros, mientras que en otros ni tan solo llegaban a estar inscritos en los registros de los cementerios y en muchos casos en el resto del estado español, como decía, a la hora de exhumar, se han descubierto que no había ningún tipo de restos mortales en las fosas comunes.

Con el tiempo, las familias han descubierto la falsedad de los diferentes certificados que han conseguido.

Algunos adultos se han encontrado con que sus padres no son sus auténticos progenitores -este es el gran drama de los adoptados irregulares-, bien al someterse a pruebas de ADN, o bien al descubrir falsificaciones e incongruencias en su documentación.

Aquí les voy a mostrar un caso. El nombre no lo voy a dar, evidentemente. Pero en el año 1966, una mujer, en el País Valenciano, tuvo un parto de mellizas en el Hospital Clínico de Valencia. Al día siguiente del parto, le dijeron que una niña había fallecido, sin mayor explicación. El hospital se hacía cargo de todo.

Después de los años, cuando esa chica. . . esa hermana melliza que había sobrevivido empieza a atar cabos, va pidiendo documentación.

En el hospital no hay historia clínica de su madre, ni de ella, ni de su otra hermana que también nació allí. En el registro civil no hay legajo de nacimiento, y atención a una cosa, porque a la que está viva, resulta que le consta, le consta en su legajo de nacimiento que su padre fue el ginecólogo que ayudó a parir a su madre. Aquí tenemos la primera prueba de la falsificación de documentación que se hizo durante el franquismo, y después, para tapar el robo de bebés en el País Valenciano.

Constantemente, de todas formas, tanto en el cementerio, como en otros ámbitos adonde ha ido a pedir documentación, se le ha dicho, así, con miedo y susurrando: «No busques, porque no vas a encontrar nada. »

Este es el drama oculto que se esconde también en el País Valenciano y que hoy pedimos a las Cortes Valencianas que se haga cargo, que se haga cargo de este drama que todavía lleva asolando en el País Valenciano a muchísimas familias valencianas.

Y, ¿por qué son cruciales las medidas que yo pido en la propuesta de resolución? Pues son cruciales, primero, porque hay que crear un banco de ADN para poder cruzar los datos de los denunciantes de los casos de robo y desaparición de menores con el objetivo de ayudar a los afectados a encontrarse. Viven totalmente en un. . . en un sinvivir.

Porque, ¿cómo van las personas a encontrarse si los adoptados han ido pasando de una comunidad a otra? Porque ya tenían bastante cuidado como para no dejar que se quedaran muy cerca los hermanos unos de otros, porque en el mayor de los casos normalmente pasaba con mellizas o con gemelos. Hasta Chile, incluso, han llegado niños adoptados irregularmente en el estado español.

Aquí, desde las Cortes, también insto al Congreso de los Diputados a crear una comisión de investigación que estudie el robo de bebés y desaparición de neonatos que se produjo aquí desde 1949 a 1990 y, por supuesto, también, insto a las Cortes Valencianas a que estudien la creación de una comisión de investigación sobre esta supuesta trama de robos en el ámbito del País Valencià.

Además, las Cortes Valencianas deben establecer ayudas a las personas afectadas en la financiación de las pruebas de ADN. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y esto se lo digo yo, porque estuve asesorando al fiscal el otro día en la primera exhumación de bebés en el cementerio de Alicante, o sea, que no lo digo de oídas, la viabilidad para poder determinar que unos bebés sean familiares de los que hoy están pidiendo la exhumación es muy costosa económicamente y, por tanto, hay que establecer un tipo de ayudas que directamente vayan a solventar esa situación o, si no, nos quedaremos con que la fiscalía va a tener que paralizar muchísimas exhumaciones al no haber viabilidad económica para poder sobrellevarlo. Y esto no se puede dejar así.

Además, instamos a las tres diputaciones valencianas a la puesta a disposición de la fiscalía de los archivos provinciales que pudieran ayudar al esclarecimiento de los hechos. Y aquí traigo. . . pues, unos poquitos informes negativos.

¿Por qué es tan importante que los archivos estén a disposición pública, todos los archivos, ya sean de hospitales que han sido privados o sean de hospitales que eran públicos? Tiene que estar todo a disposición porque les voy a leer. . . esto, por ejemplo, es del registro civil: «Habiéndose verificado que el mismo no aparece en el archivador, le tenemos que decir que la persona que usted nos pregunta no consta en el legajo de nacimiento. No existiendo archivos también en el registro civil, no existe legajo con los años de 1959 a 1963. » ¿Cómo se pueden permitir estas notificaciones en la administración pública? Que se busquen esos legajos, porque tienen dentro la vida de muchísimas familias.

Vamos a seguir. Aquí, en el Ayuntamiento de Valencia, también, «no consta en el archivo municipal del servicio de cementerios la documentación que usted refiere». Otra persona que no ha sido enterrada.

Ahora aquí vamos a los historiales clínicos de los hospitales. Aquí tenemos el hospital de Valencia, el del Doctor Peset, que dice que «habiéndose producido el nacimiento en el Hospital General de Valencia, no hay datos sobre su asistencia en nuestros registros». Así que, ¿hay personas que paren en hospitales del País Valencià y que después no constan en los registros?

Pues tenemos más. También tenemos de la Diputación de Valencia. «Certifico que no consta su historia clínica, pues nunca se han remitido al archivo general historiales clínicos procedentes del Hospital General. » ¿Por qué han ido ocurriendo estas cosas? «No encontrándose el expediente de legajo o de aborto en la documentación referente al citado, notifíquese a la persona que lo pregunta. »

Y aquí tenemos muchísimos casos más en donde podemos hablar de miles de fenómenos atmosféricos, que ya no sé si vivimos en el País Valenciano o en la selva monzónica, porque resulta que ha habido tantas riadas, inundaciones y terremotos que todos los archivos que, sobre todo, pertenecen a la Iglesia católica, resulta que no se encuentran y no se han derivado a los archivos provinciales públicos, con lo cual aquí hay una responsabilidad política que tiene que ser depurada.

Y por eso, además de la comisión de investigación, pedimos que se solicite que las diputaciones pongan a disposición de la fiscalía los archivos provinciales y que se cree una oficina para gestionar toda la documentación posible para afectados.

Las Cortes Valencianas, además, instan al Consell a implicarse de manera activa en el esclarecimiento de los casos de niños robados y, por supuesto, solicitan a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que instruya las diligencias de oficio.

Pero es que esto no es que lo digamos nosotros, es que ya lo decía el jefe de estado en 1987, cuando se modificó la ley del Código civil de enjuiciamiento en materia de adopción. Les voy a leer el preámbulo y termino, señor presidente.

«Se acusaba en la legislación anterior una falta de control en las actuaciones que preceden a la adopción, con lo cual esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños, denunciado en los medios de comunicación. »

Por tanto, aquí están claras las responsabilidades políticas y quien no quiera crear una comisión de investigación es porque teme que la verdad le salpique.

El senyor president:

Muchas gracias.

Per a defensar l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada il•lustre Marisol Linares.

La senyora Linares Rodríguez:

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, me gustaría saludar a las personas que se encuentran ahí arriba, luego, cuando acabe el debate, pasaré a saludarlas y tendré una pequeña interlocución con todas ustedes. (Aplaudiments)

Señorías, hemos asistido los últimos meses estupefactos a las noticias que se han venido produciendo en relación con la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción, tema que está teniendo gran repercusión en la opinión pública y en todos los medios de comunicación.

Se trata, pues, de un tema que necesita de la compresión y de la sensibilidad de toda la sociedad. Hablamos del robo de niños en toda España que han sido arrebatados a sus madres y vendidos a otras familias. Madres que ahora lloran su pérdida y hombres y mujeres adultos que, a día de hoy, desconocen su origen.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos mostrarles a las asociaciones de afectados nuestra solidaridad, nuestra complicidad, nuestro apoyo y respaldo y decirles, alto y claro, ¡que su causa es nuestra causa! (Aplaudiments)

Estamos ante uno de los episodios más tristes de nuestra reciente historia. Estamos ante una trama de hechos delictivos de mafias que traficaban con niños, que falseaban documentos públicos, coaccionaban, engañaban, con el único fin de obtener un lucro económico.

Según parece, estos hechos comienzan en los años cuarenta, pero, según las asociaciones de afectados, pudieron haberse producido entre los años, también, ochenta y noventa. Es más, se han dado casos recientes, como uno en Canarias, de un matrimonio cuando intentaba comprar a un niño.

A nuestro grupo le preocupan los casos de los niños desaparecidos, cuyos procesos siguen sin esclarecerse. No parece normal que en pleno siglo XXI en una sociedad democrática, moderna, avanzada como la nuestra se sigan produciendo hechos de esta naturaleza.

Señorías, como dice el propio presidente de Anadir, en esta trama hay tantos casos en la democracia como en la posguerra. Por eso, señorías, no es una cuestión ideológica, es un hecho detestable al que todos debemos hacer un frente común.

Señorías, las injusticias y el dolor de las víctimas no tienen color político y no es patrimonio ni de unos ni de otros. Por eso apelo a su grupo y al resto de las fuerzas políticas con representación en esta cámara para unir esfuerzos que ayuden al esclarecimiento de estos delitos.

La enmienda de modificación que presenta el Grupo Popular se ajusta más a la realidad actual y a las competencias que esta cámara tiene en un tema tan complejo y que requiere del esfuerzo y de la coordinación de las distintas administraciones, tanto en el ámbito sanitario, como judicial.

Desde esta cámara, como poder legislativo, nos parece fundamental solicitar la implicación de las distintas administraciones para que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para esclarecer los mismos y que no vuelvan a ocurrir los hechos que nos ocupan.

Queremos que todas las instituciones implicadas lleguen al fondo de la cuestión. Por eso el acuerdo entre todas las fuerzas con representación en estas Cortes debe suponer un impulso para que la solución de este drama de tantas y tantas familias esté lo más cerca posible.

La proposición no de ley que usted ha traído a esta cámara y que consta de ocho puntos, tengo que decirle, señoría, que, aun estando de acuerdo, como acabo de manifestarle en el fondo de la cuestión, no compartimos su forma.

El Grupo Popular ha presentado una enmienda que espero que usted acepte, así como que sea respaldada por el resto de los grupos.

Mire, señoría, en su propuesta hay puntos que en estos momentos el Gobierno de España ya ha puesto en marcha, como es facilitar el tema de los ADN y, además, de forma gratuita.

También se está trabajando en el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia, sobre estos hechos y están compareciendo asociaciones y personas relacionadas con estos casos.

Por otro lado y en otro de los puntos a los que usted alude de las historias clínicas o expedientes relacionados con estas sustracciones, la Conselleria de Sanidad ya está colaborando en la medida que puede, facilitando los datos.

Se han recibido hasta el momento ocho solicitudes de información, una en el año 2009 y las siete restantes en el 2011. Y, concretamente, hasta que no entró en vigor la ley de derechos e información al paciente, en el año 2003, y la ley de archivos, en el año 2005. . . , resulta prácticamente imposible, pese a haberlo intentado y estar rastreándolo, saber el destino de la documentación de aquellos años.

Y mire, señoría, y es que hasta ese momento no había normativa sobre el archivo y la custodia de documentación que obligara a un centro sanitario a guardar y custodiar las historias clínicas, siendo en muchas ocasiones difícil su localización, pese a que se está intentando con todos los medios a su alcance.

También solicita en su proposición no de ley que estas Cortes soliciten al Tribunal Superior de Justicia, instruya diligencias de oficio. La fiscalía no puede actuar de oficio. Es decir, el oficio existe cuando alguien conoce de la existencia de un delito, por lo tanto, tiene que haber una denuncia previa o una sospecha previa de la existencia de un presunto robo de niños para que la fiscalía tenga que actuar.

Señoría, un poco de rigor. Esto es una sede parlamentaria. Es un tema de competencias. Además, carece de sentido solicitar el inicio de oficio de una investigación por hechos presuntamente delictivos, cuando dicha investigación ya está en marcha, usted misma lo ha dicho.

Usted sabe al igual que yo que la Fiscalía General del Estado está actuando ya en todo el territorio nacional. Esto, sin menoscabo de que nosotros colaboremos, como no puede ser de otra forma, en ayudar dentro de nuestras competencias a esclarecer estos hechos tan detestables.

De ahí nuestra enmienda alternativa, para que seamos capaces de ayudar a las personas que nos necesitan de una forma efectiva. Pues lo contrario quedaría en papel mojado, sin que esta proposición, o bien porque ya se está haciendo, o bien porque la fiscalía y la justicia ya está actuando, al final no sirviera de nada.

Señoría, estos temas ya se han debatido en el País Vasco y en las cortes nacionales, con proposiciones no de ley semejantes a las que hoy debatimos en esta cámara, habiéndose llegado a puntos de encuentro entre los diversos grupos políticos. Creo, señorías, además de forma acertada, pues está claro que un tema tan sensible y delicado merece dejar de lado las ideologías partidistas.

Estos cinco puntos que trae el Grupo Popular en su enmienda de modificación recoge el espíritu de esta proposición no de ley que, en definitiva, no es otro que el de ayudar a que se esclarezcan los robos de los bebés a sus madres biológicas, y que fueron entregados en adopción. En el punto primero acordamos con rotundidad mostrar nuestro compromiso con todas las mujeres que han sido víctimas de la sustracción de sus hijos, negándoles el derecho a vivir con sus progenitores. En el punto segundo y tercero instamos al Consell a que, en el ámbito de sus competencias, colabore con el Ministerio Fiscal y con el resto de instituciones para ayudar a esclarecer estos hechos delictivos. En el punto cuatro solicitamos a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que siga colaborando a través de Favide, de la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito, con los afectados por posibles casos de robo y desaparición. Y me gustaría resaltar que ya está actuando la conselleria, a través de un protocolo de actuación para este tipo de casos, coordinándose con la fiscalía. Y, por último, en el quinto punto apelamos al Consell para que inste al gobierno de la nación a que preste especial atención a todas las personas afectadas y a ejercer una labor de colaboración y coordinación con las familias afectadas.

Señorías, se me está acabando el tiempo, y me gustaría que, ante las evidencias de lo que estamos hablando y de resultas de las investigaciones, consideremos positiva esta enmienda de modificación. La postura es de total colaboración con la administración de la justicia, y respeto, y de no intromisión en las diligencias de investigación en los procedimientos judiciales en curso.

Señoría, el Grupo Popular cree que con esta enmienda damos ayuda y cobertura para que hechos deleznables no vuelvan a suceder y contribuimos. . .

El senyor president:

Vaya concluyendo.

La senyora Linares Rodríguez:

. . . con nuestro apoyo y esfuerzo a las mujeres que sufrieron tan dolorosos hechos.

Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Linares.

Para aceptar o rechazar las enmiendas, tiene la palabra la diputada doña Esther López.

La senyora López Barceló:

Muy bien. Bueno, pues resulta que su enmienda no es que aporte; su enmienda quiere sustituir los puntos que yo he manifestado que son vitales, y que he desgranado aquí, y quiere que se sustituyan por cinco puntos en los que dos de ellos no dicen absolutamente nada, sino que dicen precisamente que el Consell cumplirá con sus obligaciones. Y yo creo que eso no se lo tengo que decir en una proposición no de ley. No les tengo que decir que las Cortes acuerdan manifestar su compromiso, comprensión y solidaridad con todas aquellas mujeres. Bien, espero que lo hagan y no hace falta que lo haga en un punto.

Segundo punto: «Las Cortes acuerdan instar al Consell a que colabore con el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales. » Evidentemente. Es que si no lo hicieran, me parecería bastante raro. Punto número tres: «Las Cortes instan al Consell a que, en el ámbito de sus competencias, colabore con los afectados posibles de casos de bebés robados. » Muy bien, eso es lo que yo le he dicho en ocho puntos. Pero lo que pasa es que le he dicho cuestiones concretas y cómo tienen que ayudar y con qué mecanismos.

Cuatro: «Las Corts acuerdan instar a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social a que, a través de la fundación Favide, continúe colaborando con los afectados. » ¿Me pueden decir qué pinta aquí la fundación Favide? La fundación Favide, señora diputada, colabora. . . -y lo he visto en la página web, y no he podido ver el organigrama, porque después de tanto tiempo que lleva trabajando, resulta que aún está en construcción. Pero le puedo decir que lo único que aparece es que colabora con la fundación Bancaja. Y yo le voy a decir que la fundación Bancaja resulta que no puede ser juez y parte. Porque la fundación Bancaja era la propietaria de la maternidad La Cigüeña, una de las maternidades que están siendo investigadas y son sospechosas del presunto robo de bebés. Por tanto, me está hablando usted de una fundación que no sé a qué santo tiene que ser la que trate este tema, cuando encima usted ha dicho que ya se está ocupando de él. Y tengo aquí las asociaciones de víctimas y de afectadas que lo sabrán mejor que usted y yo, que han ido, por ejemplo, a la de Castellón y le han dicho que ellos de ese tema no sabían absolutamente nada, porque están precisamente para atender a las víctimas de delito, sobre todo de libertad sexual y de cuestiones menores, que yo supongo que esas personas que estarán allí puestas sí que sabrán asesorar.

Pero este caso tan complejo, en el que hay que buscar abogados totalmente preparados, evidentemente, no lo están. Y las Cortes, después, dice que acuerdan instar al Consell para que inste al gobierno de la nación a prestar especial atención. Pues más que prestar especial atención es crear una comisión de investigación.

Y además, le voy a decir más. Usted está diciéndome que en Euskadi sí que se ha llegado a un consenso, evidentemente, porque es que no son estos los puntos que presentó el Partido Popular. A ver si ustedes tienen algo de coherencia, y votan lo mismo en el Partido Popular de Euskadi que en el Partido Popular del País Valencià. Y en el Partido Popular del parlamento vasco la semana pasada se aprobó constituir una comisión de estudio en relación con los casos de los bebés robados del 40 al 90. Perfecto. Ojalá me lo hubieran planteado. Que dicha comisión elaborará un plan de trabajo y podrá requerir la comparecencia de cualquier particular, autoridad pública, funcionario e instituciones públicas implicadas. Perfecto. Tercero: que dicha comisión procederá al análisis y estudio pormenorizado de toda la normativa que resulta de referencia y aplicación en los expedientes de adopción, al objeto de proponer todas aquellas reformas y modificaciones legislativas que coadyuven tanto al esclarecimiento de los hechos como a evitar cualquier resquicio legal que pudiera dar cauce a la comisión futura de estos hechos. ¿Esto es lo que usted me acaba de presentar? Para nada.

Y aquí viene bien claro la firma: grupo del Partido Popular vasco. Con lo cual, lo siento, pero ustedes tendrán que informarse mucho mejor, porque me están hablando de unas cuestiones que se debatieron el año pasado, es cierto, con una PNL parecida a esta. Así que, bueno, simplemente para terminar, que evidentemente nosotros estaríamos dispuestos a que no fueran en una enmienda de sustitución y que simplemente fuera complementaria, eliminando por supuesto la fundación Favide del esquema. Pero evidentemente hay que cruzar los bancos de ADN, hay que crear comisiones de investigación y hay que decir claramente cómo se va a poner a disposición de las personas afectadas toda esa documentación que no es pública. ¿Y usted me dice que solamente hay ocho solicitudes de historiales médicos? Yo, si quiere, ahora luego le enseño, si me dan el beneplácito las compañeras de la asociación. Pero ahí tengo yo más de 100 solicitudes de historiales médicos. Así que no sé de dónde le vendrán a ustedes las fuentes, pero yo tengo ahí todas las solicitudes, por si las quiere usted ver.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Linares.

La senyora Linares Rodríguez:

Señoría, ¿usted qué quiere, un acuerdo o reventar el acuerdo? (Aplaudiments) Mire, lamento profundamente que no acepte mi enmienda de modificación. A veces, no hay nada peor que el que no quiere escuchar o no quiere oír. Lo digo porque además su grupo ahí mete un tótum revolútum. Hizo usted una propuesta que luego tuvo que retirar, porque usted sabe que una comisión de investigación no se puede pedir como usted la pidió, porque contraviene el artículo 53. Si usted realmente quiere que se estudie. . . Sí, sí, sí, si realmente -no me haga usted esto-, porque si usted realmente quiere que se estudie, pídalo en tiempo y forma y como corresponda. (Remors) Yo creo, señoría. . . Es mi turno de intervención. Yo me he estado calladita ante sus barbaridades, ¿eh? Yo creo, señoría, que usted comete un error político no aceptando la enmienda del Grupo Popular, pues como le he dicho anteriormente, está en la misma línea y en el mismo espíritu de la iniciativa. Si usted realmente lo analiza y si realmente le interesa que aunemos esfuerzos, para que pidamos a las distintas administraciones colaboración y coordinación para ayudar a las familias. Otra cosa muy diferente es que su proposición sea una proposición ideológica, con petición incluida de responsabilidades políticas, imagine usted. De los años cuarenta a los años noventa, con la cantidad de gobiernos que han pasado durante todos estos años.

Mire. . . , pero mi grupo sabe lo que espera. Es que caiga el peso de la ley sobre las personas que por el mero hecho de lucrarse económicamente cometieron tales aberraciones, eso es lo que espera mi grupo político. (Aplaudiments) Por otro lado, decirles que ya se está prestando esa ayuda para esclarecer e investigar los hechos, pues realmente son los tribunales de justicia a quienes corresponde investigar estos delitos. Además, así lo hizo el anterior ministro de Justicia, y se ha comprometido el actual ministro de Justicia, el señor Gallardón, que se ha comprometido con las víctimas y las asociaciones, poniendo todos los mecanismos necesarios para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Me gustaría pensar que su grupo no busca un titular de día de hoy, pues estaría haciendo un flaco favor a las familias que, hoy más que nunca, necesitan de nuestro apoyo y de nuestra solidaridad.

Mire, me va a obligar a que nuestro grupo vote en contra de su proposición no de ley (remors) por su inmovilismo y falta de realismo, pues está usted cerrando la puerta a que estas Cortes mostremos en el día de hoy de forma pública nuestro respaldo a todos los afectados. Pero también le digo una cosa, señoría, alto y claro: que hoy mismo, cuando acabemos de votar, mi grupo va a presentar por vía de urgencia una proposición no de ley en los términos de la enmienda de modificación. (Aplaudiments) Por lo tanto, mi grupo va a hacer esto solamente (inintel•ligible) . . . Será entonces, señoría, cuando veamos que su grupo se posiciona al respecto, y será entonces cuando realmente la iniciativa del Partido Popular dé respuesta a lo que están demandando los afectados. Veremos si usted entonces está realmente por el esclarecimiento del dolor y el sufrimiento de las personas que han sido objeto de delitos aberrantes (veus), o simplemente se mueve por ideologías partidistas, que es lo que está usted transmitiendo a lo largo de todo este debate.

Mi grupo, como le he dicho al principio de la intervención, está con los afectados. Y le vuelvo a repetir: su causa es nuestra causa. Y aunque hoy vamos a votar en contra de su iniciativa, en el próximo pleno quedará aprobada con los votos y la voluntad política del Grupo Popular la proposición no de ley que traeremos a estas Cortes Valencianas. (Aplaudiments) Con este compromiso de mi grupo, quiero reiterar nuestro apoyo y solidaridad con los afectados, y a la vez que reitero e insto a todas las administraciones desde esta tribuna para que aúnen esfuerzos para llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de unos hechos que a todos nos avergüenzan. Pero esto que hoy únicamente se va a quedar reflejado en el Diario de Sesiones, será una realidad en el próximo pleno, donde se aprobará con los votos del Partido Popular. Espero que entonces se sumen al resto de las fuerzas políticas que realmente estén interesados y sensibilizados por estos temas. Yo misma les pediré el voto a favor del esclarecimiento. . .

El senyor president:

Vaya concluyendo.

La senyora Linares Rodríguez:

. . . de los hechos, solicitando el apoyo y la coordinación de todas las administraciones en el ámbito de sus competencias.

Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora López.

La senyora López Barceló:

Usted misma lo ha dicho: en el próximo pleno, con el voto del Partido Popular, entonces se aprobará lo que usted ha escrito (remors) sin reunirse con la asociación de víctimas que está ahí arriba indignada, porque las medidas que ellas (aplaudiments) habían pedido no son las que hoy se van a aprobar aquí, sino las que al Partido Popular le interesa. ¡Ustedes no están por el esclarecimiento de los hechos! ¡Están por guardar la ropa! ¡Están por guardar la ropa en el armario! Eso es por lo que ustedes están.

Si de verdad estuvieran por el esclarecimiento de los hechos, por lo menos habrían cogido el guante que yo les he lanzado al decirles lo que el Partido Popular del País Vasco acaba de aprobar hace una semana. ¿Por qué, entonces, ustedes no quieren aprobar lo mismo que su grupo parlamentario allí? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Pero, sin embargo, nada.

Simplemente que Esquerra Unida se mantiene firme, pero firme en las convicciones de cómo nació la redacción de este proyecto, de esta proposición no de ley, que partió de las necesidades reales de las asociaciones de víctimas, y no como ustedes hacen de, ahora, un interés partidista por quedar bien mañana en la foto.

Gracias.

martes, 20 de diciembre de 2011

Centro de Salud de Benalúa en Alicante: 10 años presupuestando un cartel en un solar

(Debate íntegro sobre el por qué de no haber comenzado a construir un Centro de Salud que lleva más de 11 años presupuestado por la Generalitat)

Esther López Barceló:



¿Qué razones justifican que el centro de salud de Benalúa, de Alicante, esté siendo presupuestado por la Generalitat valenciana, desde el año 2003, y que a día de hoy todavía no se hayan iniciado las obras? Gracias.



Secretaria autonómica:


Señora presidenta, señora diputada. ¿Diputada? Perdón, ¿sí? Perdón. Perdón. (Se sent una veu que diu: «Claro.») Es que el apellido no lo recuerdo. (Veus) No, no, el apellido, López. Esther, me acordaba,por mantener las formas. Señora diputada, señora López, señora diputada.


En respuesta a su pregunta, lo primero que debo indicarle es que, como habrá podido comprobar, en el Proyecto de ley de presupuestos de La Generalitat para el próximo año existe una consignación presupuestaria destinada a abordar las obras del centro de salud de Benalúa en 500.000 euros. Concretamente, en el programa presupuestario 412.22 se ha incluido una línea, la F120164, destinada a este fin.


La previsión que hemos realizado es que dicha obra se aborde a lo largo de tres anualidades. Por tanto, en el 2014, si las previsiones se cumplen, el centro estará en funcionamiento.


Respecto a la tardanza de su realización ha venido provocada por la concurrencia de una serie de circunstancias imprevistas, no imputables exclusivamente a la Conselleria de Sanidad. En este sentido, cabe recordar que el proyecto inicial arrancó bajo la idea del Ayuntamiento de Alicante de integrar el centro de salud en un edificio administrativo multifuncional.


No obstante, dicha idea fue abandonada por el consistorio alicantino en el 2008, por lo que la conselleria tuvo que redefinir su estrategia,
impulsando desde ese instante su construcción de manera unilateral.


A lo largo del 2009 se redacta de nuevo el proyecto, adaptándolo a las nuevas circunstancias, y en el 2010 se saca a concurso. Y en estos momentos estamos a punto de adjudicarlo.


Por tanto, los plazos legales establecidos por la legislación de contratos se están cumpliendo. Y nuestra intención es iniciar las obras en breve y que en tres años, como le indiqué antes, esté en funcionamiento.


No obstante, en este punto debo reiterar que el criterio que venimos
exponiendo cuando se alude a la programación anual en materia de infraestructuras de la Agencia Valenciana de Salud, la intención de la Conselleria es cumplir con el compromiso adquirido de cara a esta octava legislatura.


No obstante, en el actual contexto de crisis, el desarrollo de las obras
está supeditado a las disponibilidades presupuestarias de la Conselleria en cada ejercicio. De ahí que cada año tengamos que realizar un riguroso ejercicio de priorización en función de cómo evolucione el contexto socioeconómico del país y de nuestra comunidad.
Muchas gracias.
Gracias.




Esther López Barceló:


Bueno, disculpen el error de formulación de la pregunta, porque realmente está siendo presupuestado por La Generalitat, no desde el 2003, sino desde el año 2000. Así que hemos de sumar entonces, pues desde 2000 hasta 2011, once años en que ha estado presupuestado este centro de salud tan necesario para el barrio de Benalúa, y que en once años, a pesar de tener una partida presupuestaria destinada, ha sido incapaz de iniciar las obras.


Además, quería informales de que se ha aprobado, en el pleno del 28
de septiembre del Ayuntamiento de Alicante, por unanimidad, unadeclaración institucional en la que se habla y en la que se dice claramente que se van a iniciar todas las gestiones necesarias desde el Ayuntamiento de Alicante para, a través de la Conselleria de Sanidad, poner en marcha, de una vez por todas, el inicio de las obras.


A día de hoy, sin embargo, siguen sin iniciarse las obras, aún no se
han adjudicado, pese a que se inició el proceso de su licitación mediante un anuncio en el DOCV del 14 de diciembre de 2010, hace ya casi un año, y lo único que hay en el solar en el que tiene construirse el centro es un cartel. Este cartel sí que se va renovando, a lo mejor se gastan parte del presupuesto de cada año en ello. Este cartel es lo único que hay en el solar en el que se debe de construir el centro.


Las obras del centro de salud, como ya decía antes, llevan apareciendo en los presupuestos de La Generalitat desde el año 2000. Como ya les decía anteriormente, esta situación irregular y esta situación ya de cansancio por parte de, tanto los vecinos y vecinas como los ciudadanos y ciudadanas que ya no se creen esta partida presupuestaria, evidentemente, a tenor de los hechos reiterados año tras año durante diez años. Por unanimidad, ya le digo, tanto Partido Popular, como Partido Socialista, como Esquerra Unida y UPD -que allí tiene portavocía- estuvieron en ese pleno de acuerdo en la propuesta del portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, de presentar una declaración institucional en la que se insta a la Conselleria de Sanidad a que adjudique de una vez por todas las obras de construcción del centro de salud del barrio de Benalúa.


El centro de salud del que estamos hablando es fundamental para este barrio y su construcción además fue una promesa de un actual diputado, que en ese momento era alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, desde su primera legislatura. Y, como ya le decía anteriormente, que lleva apareciendo en los presupuestos de la Generalitat valenciana desde el año 2000. Creemos que ya es hora. Para Esquerra Unida consideramos que ya es hora de que este centro de salud solamente sea un cartel que se va renovando. Esto es prácticamente reírse de los vecinos y vecinas que tienen que ver cómo cambia ese cartel, pero no se construye absolutamente nada por parte de la Conselleria de Sanidad.






Así que, de una vez por todas, le pido aquí, a tenor también de lo que
expresa el espíritu de esa declaración institucional de todo un ayuntamiento, a que hagan realidad esta situación y a que esa partida presupuestaria que usted ha nombrado, pues de alguna forma, por fin, vaya a ser una realidad también a nivel de infraestructura, que dejemos de ver este cartel, que veamos el centro de salud y que no eludan las responsabilidades de que después de diez años siga solamente habiendo ahí, en ese lugar, un solar, después de haber contado con partida presupuestaria suficiente durante tantos y tantos años.






Secretaria autonómica:


Señora López, bueno, no voy a necesitar los tres minutos. Simplemente decirle que efectivamente coincidimos que en estos momentos, y no en otros, este centro es una prioridad, que hay 61 empresas que han licitado, que está pendiente su adjudicación y que la próxima risa de los ciudadanos será para inaugurarlo.