jueves, 14 de febrero de 2013

Conselleria de la Beneficencia: caridad vs. derechos


Sra. Consellera, lamentablemente aunque sea su primera comparecencia en esta Cámara, por cierto, vergonzosamente dilatada en el tiempo, no sé si referirme a su conselleria como la de la Extrema necesidad por la situación alarmante que se vive en las calles o llamarla la de la Beneficencia que es en lo que la están ustedes convirtiendo.

Como ejemplo les cuento el caso de mi amiga Maite: “Mi caso en concreto es que de 468,62€ que percibía de la dependencia por tener a mi cargo a una gran discapacitada, en agosto me lo bajaron a 398,33€, me quitaron la cotización a la seguridad social y además pusieron la aportación a los medicamentos y el recorte del mes de noviembre ya vino con 37,87€ al mes ¿Qué se puede hacer con una gran dependiente que necesita ayuda las 24 horas al día con 37.87€ al mes?”

El REPAGO llega después de otras dos mermas en las ayudas. La primera fue la retirada del pago de la cotización a la Seguridad Social que abonaba la Administración a los cuidadores de familiares y que desde enero deben pagar íntegramente los beneficiarios si así lo quieren. La segunda fue una rebaja del 15% en las ayudas, que se comenzó a aplicar en agosto.

Desde la Plataforma por la aplicación de la Ley de Dependencia exigen dos cosas de forma contundente:

Que se derogue la Orden 21/2012 de 25 de octubre, por la que imponen un Copago de hasta el  90% provoca un recorte  brutal de las  prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, en muchos casos hasta un 70% dejando a muchas familias con sólo 20 euros. Ello muestra claramente el desamparo y desprecio a  los dependientes y a la labor abnegada e impagable de las cuidadoras; y por otra, una  obsesión por el déficit que sigue premiando a los bancos y especuladores, y castiga a los débiles, con unas medidas claramente usureras.

Que se elimine también el decreto que se publicó el  27 de diciembre, con "festividad y alevosia" por el que se impone el copago farmacéutico a los grandes discapacitados con más de un 65% y a los menores con un 33% de discapacidad, siendo estos los más perjudicados por cuanto, al no  poder ser sujeto de pensión contributiva, tienen que contribuir con el 40% o más de sus padres por sus medicamentos, lo cual va ser un gravamen descomunal para muchas familias.

Porque se ha creado una alarma social entre los dependientes y sus familias porque el Gobierno Valenciano, haciendo gala de su opacidad manifiesta, no ha informado de estas medidas a las familias, teniendo estas que enterarse a posteriori de los efectos de las mismas; lo cual no solo supone un ensañamiento en las economías maltrechas de las familias, sino sobre todo una falta absoluta de interés por atender al principio democrático de la información debida.

Esquerra Unida ya ha registrado y tendrá que debatirse en esta Cámara dos proposiciones de Ley para derogar el medicamentazo y el repago a las personas con discapacidad y dependencia.

En el sector de la discapacidad se vive en constante encierro, movilización, organización para soportar sus planes que suenan como amenazas. Los últimos encierros se convocaron en protesta por los impagos y anteriores promesas incumplidas por su parte con respecto al pago de las deudas. Deudas que no han acabado. A pesar de que desde su conselleria se venda como un gran éxito pagar el 40% de las subvenciones a los centros ocupacionales con 4 meses de retraso y tras dos convocatorias de huelga de hambre. Porque cuando usted afirmó que el día 31 de enero abonaría ese 40% esta promesa fue arrancada por la presión que ejerció el inicio de la huelga de hambre del centro Los Silos de Burjassot, porque le recuerdo que en un principio el Consell sólo estaba dispuesto a abonar un 15%”.

Sra. Sánchez Zaplana, los encierros son la respuesta de un sector que ya no puede más, que ahora tiene que sufrir otra embestida: la amenaza del recorte del 9% lineal en todo tipo de programas y subvenciones que para todos los centros y entidades va a suponer un golpe traumático -270.000 euros menos por ejemplo para Asprodis de Elda, 45.000 para el centro El Puente de Aspe- que imposibilitará que sigan ofreciendo los mismos servicios que hasta ahora. Y además, tampoco saben de qué manera aplicarán el copago anunciado para este año. La situación es insostenible. La dejación por parte de su Consellería y el Consell Valenciano de sus obligaciones constitucionales para con sus conciudadanos, les hace responsables directos de situaciones de desigualdad, injusticia y exclusión social.

EL TIJERETAZO DEL 9% ES UNA MALA OCURRENCIA QUE ABOCA AL SECTOR AL COLAPSO Y EN ALGUNOS CASOS AL CIERRE DE CENTROS.

El sector de la discapacidad es el receptor de estas agresiones constantes por parte de la conselleria a todo el colectivo que engloba a este sector, a través de impagos constantes con las consecuentes acumulaciones de intereses por parte de las entidades que han tenido que pedir créditos para poder mantener los servicios y el pago de nóminas. Una situación de colapso real que no ha recaído sobre los usuarios en su atención, única y exclusivamente gracias a los trabajadores y trabajadoras que incluso han ido acumulando nóminas sin pagar de una media de cinco meses.

¿Dónde queda la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a la que obliga el artículo 49 de la Constitución?

Porque no sólo se deben al artículo 135 de la Constitución (contrarreforma del techo de déficit), señorías del PP, se deben antes a muchas otras disposiciones y articulados que regulan la garantía de derechos fundamentales como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, el propio Estatuto del discapacitado o el Estatuto de Autonomía que en su artículo 10 deja claro que la Generalitat ha de centrarse en la no discriminación y derecho de las personas con discapacidad y sus familias, a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica. Dará protección y asistencia social”.

Con la aplicación de sus políticas no sólo no cumple son estos principios sino que condenan a este colectivo a la falta de futuro, creando un brutal impacto de género y la puerta abierta a la exclusión social. ¡Escuchen por una vez! El sector está lanzando un grito social continuado para alertar de las consecuencias de la implantación de su ideología, que no es otra cosa que demostrar la inviabilidad no solo de la Ley de dependencia, sino la inviabilidad de la integración del sector en la sociedad. Han convertido las prestaciones de la dependencia –a quien se las dan- en una limosna miserable que relegará a estas personas a la soledad de sus hogares como ocurría hace 40 años. ¡Que recurran a Cáritas o al Auxilio Social porque sólo quien se pueda pagar la atención, la tendrá! Ese es su mensaje.

En el ámbito de la Cooperación Internacional, tampoco lo tiene fácil, Sra Consellera.

Además de la herencia envenenada que representa la aparente trama corrupta investigada en los tribunales, ha de gestionar un área: en la que se incumple la ley y los pactos establecidos con la sociedad civil; carente de un marco político, programático y estratégico que merezca ese nombre; sin apenas presupuesto y con deudas con las entidades de cooperación que superan los 6 millones de Euros y los 2 años de antigüedad.

Ante este desolador panorama, que amenaza con echar por la borda 25 años de cooperación internacional, desde EU seguiremos exigiendo, ante todo, el 0,7% para AOD y denunciando el raquítico presupuesto aprobado por el Consell para este año 2013.

Su principal reto, Sra. Consellera, es recuperar el prestigio perdido de la Cooperación Valenciana. Tiene la responsabilidad de promover la transparencia y perseguir los delitos que pudieran haberse cometido bajo la dirección del ex Conseller Blasco en la gestión de las ayudas a los países empobrecidos. También de resarcir a los perjudicados, que son muchos y además debe ser consciente de que la etapa Blasco no se cerrará mientras siga ocupando un escaño. Una etapa de saqueo de las arcas públicas que, casualmente, nos llevan a una reducción histórica del presupuesto para esta materia en un 80%.

Ayer ante las puertas de la Conselleria en Alicante se gritaba “Menores tutelados, menores olvidados”. Porque este Consell machaca constantemente a las familias de acogida con sus retrasos y recortes en los pagos, con la falta de información acerca de sus derechos como padres y madres de acogida… Porque este Consell no hace más que recortar y demorar los pagos de nóminas y programas. Como ejemplo las 4 nóminas impagadas a los trabajadores de Emaus-Los Arcos y la Fundación Relleu de Alicante. Encargados de atender a menores tutelados por la Conselleria, de hacer seguimiento a las familias de acogida, de valorar y formar a nuevas familias que estén dispuestas a prestar sus días al servicio de acoger menores en acogida, una tarea sumamente dura, ardua y fundamental para una mayor calidad de vida de esos niños y niñas.  Una tarea que ustedes obstaculizan diariamente.

Va a haber un calendario estable de pagos y comprometido con las entidades? ¿Va a haber una financiación adecuada para estos centros y programas?. ¿Cómo lo va a conseguir con ese recorte de un 7,30% de los presupuestos en lo destinado a la protección de menores? Están desmantelando el sistema público de protección de menores con los continuos recortes en Servicios Especializados de Atención a Familias con menores en situación de riesgo y con medidas jurídicas de protección, en los Puntos de encuentro familiar en los centros de día… se han cerrado pisos de atención a menores, SIAFs, existe una desaparición de plazas para usuarios y una gran pérdida de empleo en el sector.

¿De qué transversalidad me habla en cuanto a género si el impacto brutal que tiene sobre las mujeres su política de atención social con la que está relegando a las mujeres de nuevo al ámbito privado cuidando de familiares que necesitan de cuidados porque ustedes han relegado a limosna las prestaciones sociales? Si ustedes no analizan ni estudian el impacto de género ni siquiera en su Ley de presupuestos, cuando es una prescripción legal que todo texto normativo vaya acompañado de ese estudio.

En cuanto a la exclusión social, es aberrante su falta de sensibilidad que responde a planteamientos claramente ideológicos. Primero llenaron los ayuntamientos de ordenanzas contra la mendicidad y la prostitución y lo complementan con recortes en la Renta Garantizada de Ciudadanía cuando hay más de 10.000 personas esperándola. Cifra que aumentaría solamente con que ustedes publicitaran algo la existencia de esta prestación. Una prestación que se otorga en casos de extrema necesidad, situación que en el País Valenciano llega ya a más del 27% de la población. Porcentaje que le traduzco en unas 120.000 familias sin ingresos. ¿Cómo es posible que ustedes no hagan un análisis real y profundo sobre las enormes deficiencias de este sistema si en el Informe de gestión de la RGC de diciembre de 2012 presentan unos datos vergonzosos de 12.282 titulares en 2012? Y se atreven a manipular los datos diciendo que ello corresponde a 31.710 beneficiarios porque reconocieron en la reunión que se referían a todos los miembros de la unidad familiar… No les voy a aburrir con estos lamentables datos e indicadores chapuceros pero es que además nos dicen que ha habido 3.100 denegaciones de RGC y 1 caso de silencio administrativo… ¿Nos pueden explicar por qué? ¿A qué se debe?¿Van a seguir riéndose de la Renta Garantizada de Ciudadanía o van a publicitarla, conveniar con los ayuntamientos su gestión y resolución? Dígame, va a dejar en la estacada a las más de 120.000 familias valencianas que necesitan esta ayuda para comer.

 

Las vidas en las que influyen sus decisiones no son meras cifras son personas que tienen conciencia, dignidad –más que ustedes- y se seguirán rebelando porque eso es la democracia, la defensa constante de los derechos y las libertades. Dejemos claro que los responsables de este atentado constante a la garantía de los derechos fundamentales tienen nombre y apellidos. Y en el País Valenciano se sientan en esos sillones oscuros y se llaman gobierno valenciano.

 

1 comentario:

  1. Si ante ésta intervención, el Govern Valenciá, intenta mirar hacia otro lado, estamos gobernadxs por una perfecta banda de aterradorxs.

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