miércoles, 23 de mayo de 2012

La vida digna de los dependientes valencianos es inviable para el PP

Hoy en el Pleno de Les Corts el Partido Popular ha vuelto a votar en contra de una propuesta de Esquerra Unida para mejorar y garantizar la aplicación de la Ley de Dependencia en el País Valencià.

Esta ha sido mi intervención:


“La Ley de la Dependencia no es viable y se hará lo que se pueda”. Esta es la declaración de intenciones con la que el Sr. Rajoy nos amenazaba a todos siendo aún candidato a Presidente del Gobierno. Cuatro meses después cumplía sus palabras con unos recortes que hacen inviable la vida digna de los dependientes.

Estamos hablando de que el gobierno del Partido Popular está promoviendo conscientemente la inviabilidad de una Ley para promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), una Ley con la que nacía un nuevo sistema de prestaciones públicas sustentado en un derecho subjetivo universal para toda la población que así lo requiera, una Ley con garantía pública que fue aprobada por las Cortes Generales por mayoría absoluta.
Venimos a pedir que se aplique la Ley porque para su aplicación se necesitan recursos económicos y si no los hay, si ustedes no quieren que los haya, entonces, están impidiendo que se cumpla la Ley. Una Ley que supone una ayuda para miles de personas en el País Valencià cuyas vidas ya están suficientemente limitadas como para que a través de las instituciones públicas se les niegue todo.

Porque hablamos de más de 20.000 personas fallecidas esperando las ayudas, de más de 35.000 que aún esperan la firma de su resolución. Hablamos del peligro real de que si no se aprueba lo que exige esta PNL, no se atenderán a más de 20.000 personas que en el PV ya están reconocidos como dependientes y se encuentran en el “limbo” de la Dependencia. Y ustedes mejor que yo conocen este concepto: el del limbo, una región fronteriza del infierno, en una especie de nivel superior, donde no les alcanzaría el fuego… Aunque eso es sólo en la teoría porque estas personas y familias que tienen nombres y apellidos, que existen realmente, que no son sólo números, ese limbo empieza a parecerles un verdadero infierno.

Porque según el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso y el Síndic de Greugues en el País Valencià no se garantiza el derecho subjetivo adquirido con esta ley de todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque cada uno de dos dependientes valencianos a los que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio se encuentra en lista de espera.

Es decir, que lo peor que le puede pasar a un dependiente es vivir en nuestra comunidad porque sus necesidades no van a ser atendidas.

El número de ciudadanos que están acudiendo a los tribunales, para que se les reconozca la retroactividad o el pago de las prestaciones es ingente. Se está obligando a esas personas a judicializar un derecho que debería de venirles directamente dado por la administración. Se ha instaurado por la fuerza de los hechos el que para que esta Ley se cumpla se ha de reclamar. Pero es que cuando se reclama y el dependiente gana, entonces: la irresponsabilidad y la desidia de no hacer cumplir una ley se vuelve muy cara –hablando en términos de rentabilidad económica que es el lenguaje que ustedes entienden cuando hablamos de derechos sociales- porque por ejemplo, a un joven con el grado de discapacidad del 82% y una valoración como gran dependiente, el TSJ ha condenado al Consell a pagarle 7.000 euros por el retraso en el abono de las ayudas. Y ¿saben cómo Ulises –porque tiene nombre- había conseguido en 2010 que se le abonara parte de la deuda? Encadenándose junto a su madre a un edificio del Prop de la Generalitat. ¿Qué es esto, señorías? ¿Qué es esto? ¿A qué situación de barbarie nos están abocando?


Y les digo más, es imprescindible que contemos con esa partida presupuestaria mínima para contrarrestar las injustas medidas que el gobierno de Rajoy ha implantado porque, al parecer, también es necesario que los dependientes vivan todavía más por aún debajo de sus posibilidades:

 
1º.- Por que el gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 20-2011, de 30 de diciembre, anunciando la “MORATORIA de un año en la entrada en el SAAD, para los dependientes moderados, Grado I Nivel 2 (enero de 2013) y Nivel 1 (enero de 2014)”: la moratoria saca del sistema de la dependencia a 30.000 dependientes moderados I-2, e insiste que las autonomías que llevaban ya un retraso en la gestión de los expedientes han aprovechado para sacar del sistema otros 29.000 dependientes sin propuesta de PIA antes del decreto. También se retrasa un año más la entrada en el sistema de los moderados grado I-1 (enero de 2014).

 
2º.- Los RECORTES con la eliminación de las partidas de FINANCIACIÓN DEL NIVEL ACORDADO: En el Consejo de Ministros de 30 de marzo, el gobierno decidió, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, suprimir la aportación que la Administración General del Estado (AGE) hacía a la financiación de la Ley de la Dependencia por el concepto de Nivel Acordado para toda España por un valor de 283 millones de euros, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de las aportaciones de la AGE.

Esto va a afectar directamente a la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, a sus familiares, y a todas y todos los trabajadores y empresas del sector de la dependencia.

3º.- El copago en los medicamentos también va a afectar de forma alarmante a los dependientes porque el 76% son mayores de 65 años, más enfermedades y más necesidad de cuidados y de medicación.

 
Por todo ello, exigimos la necesaria, solidaria y humanitaria decisión de INSUMISIÓN del Consell frente a la Moratoria aprobada por el gobierno central para los dependientes moderados y por supuesto la recuperación del nivel acordado en sus presupuestos intentando garantizar así: la dignidad en la atención a las personas en situación de dependencia, la promoción de la autonomía personal y la creación de empleo de calidad.

Porque por si todo esto fuera poco como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por el Imserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.

En definitiva, el PP quiere que volvamos a los años oscuros del franquismo para que las mujeres vuelvan a dedicarse en exclusiva al cuidado de su familiar dependiente. Y que los dependientes y sus familias vuelvan a vivir de la caridad y de la limosna.

Mientras se piense que la aplicación de la Ley de Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social, seguiremos abocando a la exclusión social a los dependientes y sus familias.

¿Quiénes son ustedes para afirmar que las personas dependientes no son viables en nuestra sociedad? Porque si ustedes afirman que la Ley no lo es y además imponen su inviabilidad a golpe de decreto y de recorte, a lo que abocan es a la inviabilidad de una vida digna a estas personas.

 
Tienen ustedes una responsabilidad social, moral, política y económica para con estas personas. Asúmanla.