Sra. Consellera,
lamentablemente aunque sea su primera comparecencia en esta Cámara, por cierto,
vergonzosamente dilatada en el tiempo, no sé si referirme a su conselleria como
la de la Extrema necesidad por la situación alarmante que se vive en las calles
o llamarla la de la Beneficencia que es en lo que la están ustedes
convirtiendo.
Como ejemplo les cuento el
caso de mi amiga Maite: “Mi caso en concreto es que de 468,62€ que percibía de
la dependencia por tener a mi cargo a una gran discapacitada, en agosto me lo
bajaron a 398,33€, me quitaron la cotización a la seguridad social y además
pusieron la aportación a los medicamentos y el recorte del mes de noviembre ya
vino con 37,87€ al mes ¿Qué se puede hacer con una gran dependiente que
necesita ayuda las 24 horas al día con 37.87€ al mes?”
El REPAGO llega después de
otras dos mermas en las ayudas. La primera fue la retirada del pago de la
cotización a la Seguridad Social que abonaba la Administración a los cuidadores
de familiares y que desde enero deben pagar íntegramente los beneficiarios si
así lo quieren. La segunda fue una rebaja del 15% en las ayudas, que se comenzó
a aplicar en agosto.
Desde la Plataforma por la aplicación de la Ley de Dependencia exigen dos
cosas de forma contundente:
Que se derogue la Orden 21/2012 de 25 de octubre, por la que imponen un Copago
de hasta el 90% provoca un
recorte brutal de las prestaciones económicas para el cuidado en el
entorno familiar, en muchos casos hasta un 70% dejando a muchas familias con
sólo 20 euros. Ello muestra claramente el desamparo y desprecio a los dependientes y a la labor abnegada e
impagable de las cuidadoras; y por otra, una
obsesión por el déficit que sigue premiando a los bancos y
especuladores, y castiga a los débiles, con unas medidas claramente usureras.
Que se elimine también el decreto que se publicó el 27 de diciembre, con "festividad y
alevosia" por el que se impone el copago farmacéutico a los grandes discapacitados
con más de un 65% y a los menores con un 33% de discapacidad, siendo estos los
más perjudicados por cuanto, al no poder
ser sujeto de pensión contributiva, tienen que contribuir con el 40% o más de
sus padres por sus medicamentos, lo cual va ser un gravamen descomunal para
muchas familias.
Porque se ha creado una alarma
social entre los dependientes y sus familias porque el Gobierno Valenciano, haciendo
gala de su opacidad manifiesta, no ha informado de estas medidas a las
familias, teniendo estas que enterarse a posteriori de los efectos de las
mismas; lo cual no solo supone un ensañamiento en las economías maltrechas de
las familias, sino sobre todo una falta absoluta de interés por atender al
principio democrático de la información debida.
Esquerra Unida ya ha
registrado y tendrá que debatirse en esta Cámara dos proposiciones de Ley para derogar el medicamentazo y el repago a
las personas con discapacidad y dependencia.
En el sector de la discapacidad se vive en constante encierro, movilización,
organización para soportar sus planes que suenan como amenazas. Los últimos
encierros se convocaron en protesta por los impagos y anteriores promesas
incumplidas por su parte con respecto al pago de las deudas. Deudas que no han
acabado. A pesar de que desde su conselleria se venda como un gran éxito pagar
el 40% de las subvenciones a los centros ocupacionales con 4 meses de retraso y
tras dos convocatorias de huelga de hambre. Porque cuando usted afirmó que el día
31 de enero abonaría ese 40% esta promesa fue arrancada por la presión que
ejerció el inicio de la huelga de hambre del centro Los Silos de Burjassot,
porque le recuerdo que en un principio el Consell sólo estaba dispuesto a
abonar un 15%”.
Sra. Sánchez Zaplana, los encierros
son la respuesta de un sector que ya no puede más, que ahora tiene que sufrir
otra embestida: la amenaza del recorte del 9% lineal en todo tipo de programas
y subvenciones que para todos los centros y entidades va a suponer un golpe
traumático -270.000 euros menos por ejemplo para Asprodis de Elda, 45.000 para
el centro El Puente de Aspe- que imposibilitará que sigan ofreciendo los mismos
servicios que hasta ahora. Y además, tampoco saben de qué manera aplicarán el
copago anunciado para este año. La situación es insostenible. La dejación por
parte de su Consellería y el Consell Valenciano de sus obligaciones
constitucionales para con sus conciudadanos, les hace responsables directos de situaciones
de desigualdad, injusticia y exclusión social.
EL TIJERETAZO DEL 9% ES UNA
MALA OCURRENCIA QUE ABOCA AL SECTOR AL COLAPSO Y EN ALGUNOS CASOS AL CIERRE DE
CENTROS.
El sector de la discapacidad
es el receptor de estas agresiones constantes por parte de la conselleria a
todo el colectivo que engloba a este sector, a través de impagos constantes con
las consecuentes acumulaciones de intereses por parte de las entidades que han
tenido que pedir créditos para poder mantener los servicios y el pago de
nóminas. Una situación de colapso real que no ha recaído sobre los usuarios en
su atención, única y exclusivamente gracias a los trabajadores y trabajadoras
que incluso han ido acumulando nóminas sin pagar de una media de cinco meses.
¿Dónde queda la política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad a la que obliga el artículo 49 de la Constitución?
Porque no sólo se deben al
artículo 135 de la Constitución (contrarreforma del techo de déficit), señorías
del PP, se deben antes a muchas otras disposiciones y articulados que regulan
la garantía de derechos fundamentales como la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad de la ONU, el propio Estatuto del discapacitado o
el Estatuto de Autonomía que en su artículo 10 deja claro que la Generalitat ha
de centrarse en la no discriminación y derecho de las personas con discapacidad
y sus familias, a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la
accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social,
educativa o económica. Dará protección y asistencia social”.
Con la aplicación de sus
políticas no sólo no cumple son estos principios sino que condenan a este
colectivo a la falta de futuro, creando un brutal impacto de género y la puerta
abierta a la exclusión social. ¡Escuchen por una vez! El sector está lanzando
un grito social continuado para alertar de las consecuencias de la implantación
de su ideología, que no es otra cosa que demostrar la inviabilidad no solo de
la Ley de dependencia, sino la inviabilidad de la integración del sector en la
sociedad. Han convertido las prestaciones de la dependencia –a quien se las
dan- en una limosna miserable que relegará a estas personas a la soledad de sus
hogares como ocurría hace 40 años. ¡Que recurran a Cáritas o al Auxilio Social
porque sólo quien se pueda pagar la atención, la tendrá! Ese es su mensaje.
En el ámbito de la Cooperación Internacional, tampoco lo tiene fácil,
Sra Consellera.
Además de la herencia
envenenada que representa la aparente trama corrupta investigada en los tribunales,
ha de gestionar un área: en la que se incumple la ley y los pactos establecidos
con la sociedad civil; carente de un marco político, programático y estratégico
que merezca ese nombre; sin apenas presupuesto y con deudas con las entidades
de cooperación que superan los 6 millones de Euros y los 2 años de antigüedad.
Ante este desolador panorama,
que amenaza con echar por la borda 25 años de cooperación internacional, desde
EU seguiremos exigiendo, ante todo, el 0,7% para AOD y denunciando el raquítico
presupuesto aprobado por el Consell para este año 2013.
Su principal reto, Sra.
Consellera, es recuperar el prestigio perdido de la Cooperación Valenciana. Tiene
la responsabilidad de promover la transparencia y perseguir los delitos que
pudieran haberse cometido bajo la dirección del ex Conseller Blasco en la
gestión de las ayudas a los países empobrecidos. También de resarcir a los
perjudicados, que son muchos y además debe ser consciente de que la etapa Blasco no se cerrará mientras siga ocupando un escaño. Una etapa de saqueo
de las arcas públicas que, casualmente, nos llevan a una reducción histórica
del presupuesto para esta materia en un 80%.
Ayer ante las puertas de la
Conselleria en Alicante se gritaba “Menores
tutelados, menores olvidados”. Porque este Consell machaca constantemente a
las familias de acogida con sus retrasos y recortes en los pagos, con la falta
de información acerca de sus derechos como padres y madres de acogida… Porque
este Consell no hace más que recortar y demorar los pagos de nóminas y programas.
Como ejemplo las 4 nóminas impagadas a los trabajadores de Emaus-Los Arcos y la
Fundación Relleu de Alicante. Encargados de atender a menores tutelados por la
Conselleria, de hacer seguimiento a las familias de acogida, de valorar y
formar a nuevas familias que estén dispuestas a prestar sus días al servicio de
acoger menores en acogida, una tarea sumamente dura, ardua y fundamental para
una mayor calidad de vida de esos niños y niñas. Una tarea que ustedes obstaculizan
diariamente.
Va a haber un calendario
estable de pagos y comprometido con las entidades? ¿Va a haber una financiación
adecuada para estos centros y programas?. ¿Cómo lo va a conseguir con ese
recorte de un 7,30% de los presupuestos en lo destinado a la protección de
menores? Están desmantelando el sistema público de protección de menores con
los continuos recortes en Servicios Especializados de Atención a Familias con
menores en situación de riesgo y con medidas jurídicas de protección, en los
Puntos de encuentro familiar en los centros de día… se han cerrado pisos de
atención a menores, SIAFs, existe una desaparición de plazas para usuarios y
una gran pérdida de empleo en el sector.
¿De qué transversalidad me habla en cuanto a género si el impacto brutal
que tiene sobre las mujeres su política de atención social con la que está
relegando a las mujeres de nuevo al ámbito privado cuidando de familiares que
necesitan de cuidados porque ustedes han relegado a limosna las prestaciones
sociales? Si ustedes no analizan ni estudian el impacto de género ni siquiera
en su Ley de presupuestos, cuando es una prescripción legal que todo texto
normativo vaya acompañado de ese estudio.
En cuanto a la exclusión social, es aberrante su falta de
sensibilidad que responde a planteamientos claramente ideológicos. Primero
llenaron los ayuntamientos de ordenanzas contra la mendicidad y la prostitución
y lo complementan con recortes en la Renta Garantizada de Ciudadanía cuando hay
más de 10.000 personas esperándola. Cifra que aumentaría solamente con que ustedes
publicitaran algo la existencia de esta prestación. Una prestación que se
otorga en casos de extrema necesidad, situación que en el País Valenciano llega
ya a más del 27% de la población. Porcentaje que le traduzco en unas 120.000 familias sin ingresos. ¿Cómo es
posible que ustedes no hagan un análisis real y profundo sobre las enormes
deficiencias de este sistema si en el Informe de gestión de la RGC de diciembre
de 2012 presentan unos datos vergonzosos de 12.282 titulares en 2012? Y se
atreven a manipular los datos diciendo que ello corresponde a 31.710
beneficiarios porque reconocieron en la reunión que se referían a todos los
miembros de la unidad familiar… No les voy a aburrir con estos lamentables
datos e indicadores chapuceros pero es que además nos dicen que ha habido 3.100
denegaciones de RGC y 1 caso de silencio administrativo… ¿Nos pueden explicar
por qué? ¿A qué se debe?¿Van a seguir riéndose de la Renta Garantizada de
Ciudadanía o van a publicitarla, conveniar con los ayuntamientos su gestión y
resolución? Dígame, va a dejar en la
estacada a las más de 120.000 familias valencianas que necesitan esta ayuda
para comer.
Las vidas en las que influyen
sus decisiones no son meras cifras son personas que tienen conciencia, dignidad
–más que ustedes- y se seguirán rebelando porque eso es la democracia, la
defensa constante de los derechos y las libertades. Dejemos claro que los responsables de este atentado constante a
la garantía de los derechos fundamentales tienen nombre y apellidos. Y en el
País Valenciano se sientan en esos sillones oscuros y se llaman gobierno
valenciano.
