El machismo, enfermedad social.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad –recordatorio: refundición de ministerios realizada por el Gobierno, justificada al parecer por motivos económicos- el número de víctimas del terrorismo machista en el País Valencià ascienden a 8, ocupando un 14,7% del porcentaje de asesinatos que esta endémica enfermedad social provoca en el Estado español. Estos números representan infiernos personales y familiares que han llegado a las últimas crueles consecuencias de un camino de maltrato psicológico y físico nacido de un falso sentimiento de desigualdad y machismo. Porque esta tragedia social no es inevitable no tiene las características propias de un fenómeno atmosférico, sino que es el producto de una sociedad en la que la desigualdad de género está presente en el imaginario colectivo: desde la publicidad sexista de taxis y autobuses, anuncios de periódicos, en los que la mujer se representa como un elemento de consumo; en tradiciones ancladas en discriminaciones de otro siglo como algunas de las fiestas de moros y cristianos o la brecha salarial de la mujer que a igual trabajo percibe un menor salario, existiendo en España una diferencia salarial entre ambos sexos de un 22%. De hecho, el lector no se habrá sorprendido de los ejemplos citados ya que son elementos cotidianos de su realidad. Y esa es una de las batallas primordiales en la lucha por erradicar estos infiernos personales, que hemos de combatir: la de devolver la capacidad de indignación a la ciudadanía ante situaciones como las anteriores. 

Sin embargo, las prioridades políticas del PP son otras y se evidencia, por ejemplo, en la partida presupuestaria del Consell para 2012. La Dirección General de Familia y Mujer –sí, se llama así, no me he equivocado transcribiendo un capítulo de la antigua Sección Femenina- sufre una bajada del presupuesto con respecto a 2011 en 2.211.300 € teniendo en cuenta además que antes esta dirección solo contemplaba la promoción de la mujer y actualmente contempla Familia y Mujer, como ya hemos constatado. Por si esto no fuera poco, la asistencia social está externalizada y aún no tenemos constancia del momento en que se va a poner en práctica el compromiso contraído en Les Corts en la anterior legislatura para aprobar una Ley contra la violencia de género que contemplaba medidas de prevención y asistencia integral. De la previsión presupuestaria para llevar a cabo esta medida no se sabe nada y seguramente estará publicada en la misma tinta invisible con la que se han detallado los presupuestos en materia de igualdad para Lesbianas, gays y transexuales (LGTB). 

Esperemos que la importancia del Día internacional contra la violencia de género lleve al Consell a una profunda reflexión y no se limite su acción a un lacito negro en la solapa. Aún están a tiempo.