Lucha contra la transfobia en Les Corts... la respuesta del PP no tiene desperdicio.

Proposición no de ley sobre la aplicación de medidas de protección y ejecución efectiva de los derechos del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida.


Esther López Barceló (EUPV):

La lucha por la igualdad del colectivo, el LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales o, bueno, como la izquierda… los movimientos de izquierda ahora mismo se denominan «transmaribibolleras», cometeríamos un grave error si partiéramos de la premisa de que ya todo está conseguido, a pesar de la consecución de algunos derechos legales que se han obtenido en los últimos años. Porque la igualdad es un concepto que debe entenderse de forma integral y transversal, y en el terreno de la educación, el trabajo y la sanidad nos hallamos muy lejos de una situación de equidad real y de justicia.

Cuando hablamos de igualdad de derechos, en general, y del colectivo de LGTBI, en particular, podemos referirnos concretamente a hablar simplemente de lo que contempla la Constitución Española.
No estamos ante un asunto, por tanto, de carácter dispositivo a otorgar de forma graciable, sino que se trata de derechos constitucionalmente reconocidos, que los poderes públicos tienen la obligación de cumplir y de hacer cumplir. Y en este sentido, y en el marco constitucional, son numerosos los artículos que hablan de este derecho a la igualdad y a la dignidad.

Sin embargo, es en muchísimos ámbitos en los que continuamos sufriendo o padeciendo las graves consecuencias de no tener esta igualdad garantizada. Continuamos con un sistema educativo que discrimina al colectivo LGTB, en el que se impone la heterosexualidad como único modelo válido. Por ejemplo, la congelación de las actividades de educación sexual en la etapa secundaria, ya que durante los últimos años los programas de intervención sexual, los llamados PIES, han sufrido una congelación, y además también sufrieron el deseo de injerencia por parte del arzobispado para entrar en todo lo que la programación didáctica y educativa, el contenido, podía conllevar de estos PIES.

Por tanto, nosotros esto lo denunciamos, y además denunciamos esta injerencia y, por supuesto, la congelación de estos PIES, que podrían y deberían de ser tratados de forma científica.

También sufrimos la censura por parte de la Generalitat valenciana, en algunos momentos, de todos los términos referidos al LGTBI en las redes de los centros educativos de la Comunidad Valenciana, y aquí atendemos a muchos problemas de doble moral. Y es que estos ordenadores consideraban pornográfica la palabra «gay».

En fin, con esta medida los estudiantes, las estudiantes gays, transexuales y bisexuales de las aulas estaban desinformados y no tenían posibilidad de encontrar información sobre sus realidades en sus centros educativos, lo que atentaba directamente contra el derecho de información.

Estos son algunos ejemplos de lo que ocurre en nuestra comunidad. Por ello, además en la educación creemos que es muy importante intervenir porque se sufre una de las más altas tasas de acoso escolar por parte del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Alrededor de un 30% de los estudiantes han llevado a cabo acciones homófobas tales como insultos o comentarios, según un informe de la situación del bullying, del acoso escolar homofóbico en España. En torno al 15% han cometido acciones más graves y un 3% incluso dice a haber llegado al punto de participar en palizas homófobas. Un 6% dice que es correcto tratar con desprecio a las personas homosexuales y un 7,4 más que es correcto tratar con desprecio a las personas homosexuales en algunos casos. Un 65% de los chicos exclusivamente homosexuales han sufrido insultos, 30% de exclusión, 20% golpes, un 10% llega al extremo de haber sufrido palizas.

Pero además también nos encontramos que en el mundo laboral el paro es drama, una lacra, que afecta con especial crueldad tristemente la estadística, el gravísimo grado de discriminación de las mujeres transexuales, atendiendo a que el 70% de ellas padece desocupación y marginación social, abocándolas a una única salida laboral: la prostitución.

No podemos seguir tolerando que la transexualidad sea considerada como una enfermedad, tal y como recoge la actual Ley de identidad de género, que la califica como disforia de género. Quien está enferma es la administración, enferma de transfobia y de homofobia. Por lo que proponemos una serie de medidas, éstas, las que contiene la PNL, que permitirían abordar con responsabilidad esta situación.

Demandamos un tratamiento sanitario integral de la persona transexual. Desde el sistema sanitario valenciano solicitamos que, como cualquier ciudadano o ciudadana se traten todos los aspectos de la salud de la persona transexual, incluyendo cuatro grandes apartados: la atención psicológica, que ahora mismo es carente totalmente las unidades…, las dos unidades que existen son carentes de ello; la atención endocrinológica, que es el de la hormonación, con la finalidad de desarrollar los caracteres sexuales secundarios deseados; la atención quirúrgica y la atención complementaria derivada de los efectos colaterales de la segunda, y la tercera, que sería todo lo relativo a la dermatología, a la foniatría y también a todo el asesoramiento y todo el acompañamiento psicológico de la operación o de todo el proceso que la reasignación de sexo conlleva.

Por atención quirúrgica hacemos referencia no sólo a las cirugías de reasignación sexual, sino también a las cirugías en el marco del tratamiento médico para acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, conforme a la Ley 3/2007.

Un claro ejemplo es la vasectomía con masculinización del torso para los hombres transexuales.

Bueno, por tanto, ya voy directamente a las cuestiones concretas. Lo que proponemos es:

En el ámbito sanitario: la realización de la operación de reasignación de sexo bajo la total cobertura de la sanidad pública valenciana, tal y como ocurre en Andalucía y tal y como ocurre en Madrid.

Formación específica y general sobre la transexualidad asociada al personal sanitario y psicológico de los centros de salud.

Legalización del proceso de reasignación de sexo a partir de los dieciséis años, naturalmente con un informe psicológico a favor y con los tutores a favor.

La ampliación de la cobertura del proceso de reasignación de sexo a las personas extranjeras. Naturalmente creemos que las personas extranjeras residentes deben de tener los mismos derechos en este sentido y en todos los demás.

La garantía de libre acceso a los tratamientos hormonales y a la cirugía, sin ningún tipo de tutela psiquiátrica.

Y la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas, las personas sin pareja, las personas transexuales, y que, asimismo, se reconozca el derecho a la familia y el reconocimiento de la filiación sin requerimiento del patrimonio y al margen de la biología.

En el ámbito educativo, naturalmente, la aplicación de una educación de género no heteropatriarcal, es decir, que no eduque en que la norma es la heterosexualidad, sino que eduque en que la norma es la diversidad y el respeto. Naturalmente debería de ser impartida desde los primeros años como asignatura específica que conciencia a los alumnos a partir de la premisa de que el género es una construcción cultural.

El mantenimiento, naturalmente –como decía en la introducción–, de los programas de intervención en educación sexual, los PIES, con contenidos contrastados científicamente, tal y como estaban diseñados desde la Conselleria de Sanidad, impartidos por profesionales educativos y sanitarios y para todos los centros obligatorios del País Valencià.

Eliminación, por supuesto, del requisito del diagnóstico de disforia de género para el cambio registral del nombre y sexo, que esto ya entraría dentro de lo que sería cambiar la Ley de identidad de género. Pero nosotros, en toda esta proposición no de ley, lo que recogemos es el trabajo realizado por asociaciones y por movimientos de liberación de los colectivos LGTBI, que van desde Lambda hasta Diversitat, y de todos ellos lo que hemos recogido también en esta PNL, hemos querido hacer una especie de recorrido integral por todo lo que sería necesario cambiar. Todo lo que no es estrictamente de ámbito autonómico nosotros lo que instaríamos es al gobierno a que lo cambiase y de esa forma que esa declaración de intenciones estuviera ya como norma en nuestra comunidad.

Continúo en el ámbito social. La inclusión de la especificidad del colectivo transexual en los planes de ocupación.

Es muy, muy vital ahora mismo, con todo el problema de transfobia que tenemos en nuestra sociedad, y dentro del movimiento que se está conformando desde hace dos años contra la transfobia, que nosotros luchemos por acabar con este drama social que, como decía antes, está llevando a la exclusión total a este sector de la población, y les lleva a la marginalidad y les lleva a la única salida ocupacional de la prostitución.

Por ello, también pedimos la formación y capacitación para afrontar la discriminación laboral, y también desarrollar campañas en los lugares de trabajo para prevenirla.

Medidas de discriminación positiva para favorecer la integración laboral. Y la garantía de la protección de los derechos laborales en el proceso de reasignación de sexo, ya que es una situación de riesgo a la hora de perder un trabajo.

Por todo ello, nosotros, desde Esquerra Unida, demandamos a este Consell que, en aras de la lucha por la igualdad de los derechos, en aras de la lucha por la libertad individual para desarrollarse personalmente, tal y como quiera cada uno, y también, naturalmente, en aras y basándonos en lo que la Constitución española debería de garantizar, creemos que este Consell debería de adoptar todas estas propuestas recogidas en esta PNL para poder garantizar que en el País Valencià acabemos cuanto antes con este gran drama social, que supone tanto de transfobia como la homofobia, y que por fin podamos reclamar que en el País Valenciano podemos estar mucho más cerca que en el resto de comunidades de llegar a una igualdad transversal de los derechos del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.


Sra. Barceló Martorell (Partido Popular):

Una vez más, nos quieren imponer ustedes su demagogia y sus criterios muchas veces no justificados.
Es cierto que todavía hay una pequeña parte de la sociedad que discrimina o no acepta a los gays, lesbianas y transexuales, pero eso afortunadamente cada vez es menos frecuente.
Usted plantea una serie de medidas dice «de protección y ejecución efectiva de los derechos del colectivo». Yo le voy a contestar a lo que usted demanda, señora diputada, en tres partes, tal y como usted plantea.

En el ámbito sanitario. El sistema sanitario público valenciano ofrece a toda la población las prestaciones sanitarias recogidas en cartera de servicios del sistema Nacional de Salud.

En estos momentos y en lo referente al tema solicitado, nuestra comunidad oferta el asesoramiento y la terapia sexológica, así como las evaluaciones diagnósticas de los trastornos de la identidad y transexualidad, si esto procede.

Dichas prestaciones se ofrecen en los centros de salud sexual y reproductiva –anteriormente eran denominados centros de planificación familiar–, en cuyas plantillas se han integrado especialistas en sexología.

En lo relacionado a la inclusión del tratamiento integral para las personas transexuales, la cartera del Sistema Nacional de Salud ha eliminado respecto a la anterior la exclusión expresa de las operaciones de cambio de sexo. Por lo tanto, para poderla incluir, lo tiene que acordar el estado y las comunidades autónomas en el consejo interterritorial.

Le recuerdo que el personal sanitario de la Conselleria de Sanidad está perfectamente formado para atender a cualquier ciudadano.

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad no puede ser la institución que realice una regulación jurídica o modificación legislativa unilateral en esta materia, pues las nuevas regulaciones deben ser promovidas desde el gobierno de la nación, una vez se ha alcanzado un consenso con las comunidades autónomas.

Estas regulaciones son para todos los ciudadanos, tanto españoles como los extranjeros. La tutela psiquiátrica y psicológica es fundamental para un proceso tan importante en la vida de una persona como es el cambio de sexo. Le vuelvo a repetir que la Conselleria de Sanidad no puede ser la institución que realice una regulación jurídica o modificación legislativa unilateral en todas estas materias.

Si pasamos al ámbito educativo, en primer lugar, afirmarle que no es cierto que este gobierno discrimine, margine o perjudique a colectivo alguno, ni que en el ámbito educativo se atienda a razones relacionadas con algún tipo de religión o creencia.

Asimismo, el Decreto 112/2007, del 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana, garantiza el tratamiento curricular y, por tanto, obligatorio de la educación sexual dentro de la materia de ciencias de la naturaleza. Concretamente, en lo relativo a los programas de intervención en educación sexual, recordarle que estos nacen como una propuesta para complementar esta formación curricular básica de manera no exclusiva, pudiendo diseñas cualquier entidad u organismo su propio programa.

Los centros educativos sostenidos con fondos públicos se acogen voluntariamente al programa PIES, o a otro programa de educación sexual, en virtud de la autonomía pedagógica (veus) y previa aprobación del consejo escolar del centro. Por tanto, es la comunidad educativa representada en el consejo escolar la que decide entrar en el mencionado programa... Luego, no se puede imponer nada a nadie.

El sistema educativo que se fundamenta por encima de todo en lo establecido en los artículos 14 y 27 de la Constitución española. El artículo 27 nos dice en su primer apartado que todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de la enseñanza; y en su segundo apartado, que la educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Pasamos al ámbito social. En referencia a la inclusión de la especificidad del colectivo transexual en los planes de empleo, deben ser simplemente demandantes de empleo. ¿Acaso plantean ustedes que junto a la casilla donde una persona solicita un empleo o un curso de formación, se añada también que especifiquen su identidad sexual? ¿Es para ustedes eso una medida de discriminación positiva como pretenden y dicen en el punto c?

Con el punto d, cuando pretenden que se considere el proceso de reasignación de sexo como situación de riesgo a la hora de perder un trabajo, no sé si saben que ya existen leyes que protegen los procedimientos de baja por enfermedad, el acceso a tratamientos, leyes que, por cierto, también protegen la intimidad de los diagnósticos médicos de los trabajadores para que no sean motivo de discriminación en ningún caso.

Yo he estado viendo a un colectivo de amigos gays, y ellos dicen que cuando hablamos del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, nos referimos a aquella condición sexual diferente a la heterosexualidad, que se caracteriza por la atracción de personas del mismo género, así como de personas que naciendo con un género masculino o femenino, han cambiado su aspecto bajo un criterio médico que aconseja su cambio de sexo. Lo que entendemos o denominamos «transexualidad», en la que incluimos la bisexualidad, por considerarse en su totalidad atraídos por personas de su mismo sexo así como del sexo contrario. Y ellos también dicen que los diferentes estudios realizados en el campo de la ciencia nos vienen a confirmar que las personas que conforman el mundo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, estructuralmente son idénticos al resto de personas en todos los aspectos.

Y yo..., para terminar, me gustaría recordarles (veus) el artículo 14 de la Constitución española, que dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, (veus) opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.


Esther López Barceló:

Evidentemente, tal y como dije en mi intervención, éramos conscientes de que en esta proposición no de ley se hablaba de cuestiones que no eran de competencia del Consell estrictamente, pero sí que es competencia del Consell el poder instar al gobierno a realizar tales peticiones. Por eso nosotros lo incluíamos en esta proposición no de ley, porque queríamos, de esta forma, dar voz a todas estas intenciones que nos parece importante que se vaya avanzando en este debate y que pueda llegar al estado de la nación de la mejor forma.

Habríamos aceptado, de todas formas, cualquier tipo de enmienda, de matización que pudiera mejorar el texto en ese sentido. De todas formas, entendemos que no van a cambiar el sentido del voto, con lo cual, les agradecemos mucho ese apoyo (contesto a PSOE y Compromís)
Y, por otra parte ya, comentar, bueno, el único voto en contra, que parece que va a ser el del Partido Popular..., pues, comentarle algunas cosas de las que ha apreciado usted.
La señora Barceló ha comenzado diferenciando..., o ha comenzado confundiéndose, porque la transexualidad no es ninguna enfermedad, la transexualidad no es ninguna enfermedad.

Usted ha hablado (veus) de que la..., naturalmente, ha dicho, que en la cuestión, por ejemplo, del ámbito laboral, ya se puede percibir que hay bajas por enfermedad, y que, como hay bajas por enfermedad, no tenemos por qué (veus) hablar de discriminación positiva, etcétera, porque ya existe la baja por enfermedad.

Naturalmente, nosotros, y de hecho ya consta en esta PNL, estamos en ese movimiento a favor de la despatologización de la transexualidad. De hecho, una de las cosas que nosotros apreciábamos era el

tema de que no tiene que ser un psiquiatra el que determine que tiene alguien disforia de género y que eso lleve a que se le pueda realizar todos los procesos correspondientes para la consecuente reasignación de sexo. Nosotros entendemos que no está enferma esa persona, sino que requiere de unas necesidades que el sistema sanitario le debe de aportar. Y naturalmente que el sistema sanitario valenciano puede aportarlas, ya que ha ocurrido en otras comunidades como en Andalucía o como en Madrid, en donde también gobiernan ustedes, que a lo mejor tenían que aprender también de algunas prácticas que, fíjese, en Madrid ya se están realizando.

¿Qué es lo que está pasando aquí?, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, en febrero de 2008 el Consell se comprometió a la creación de siete unidades multidisciplinares de atención integral a la transexualidad. Ahora mismo tan solo consta una, tan solo consta una, disculpen, y la de Alicante, pero, bueno, voy a centrarme en la de Valencia. ¿Qué ocurre? Tanto la de Alicante como la de Valencia, en ambas, lo único que ocurre es que una persona transexual va a un psiquiatra que le determina que tiene disforia de género, que eso ya es, en sí mismo, una discriminación, porque están diciendo que esa persona está enferma, pero pasa por ese proceso y, después, lo único que hacen es hormonarla. ¡Eso no es una atención y eso no es (veus) una atención integral

como la que nosotros demandamos! Una atención integral que hable de, como les decía, de tanto psiquiatría, pero psiquiatría para el acompañamiento, por todo lo que ha tenido que sufrir esa persona durante toda su vida hasta llegar ese momento, ya que no se ha sentido feliz y no ha podido desarrollarse personalmente con amplios derechos.

En educación, usted me habla de que en el currículo de la ESO ya hay educación sexual, pero educación sexual, ¿en qué sentido?, ¿en que aprendamos a ponernos el profiláctico, etcétera? Eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que pedimos es que los PIES se establezcan en todos los centros de Educación Secundaria Obligatoria, y que se haga desde un punto de vista científico y académico. Ahí no puede entrar ningún tipo de entidad privada a determinar qué se puede decir o qué se debe defender para tales cuestiones, porque ya la Constitución deja muy claro qué es lo que los demócratas, qué es lo que debemos de defender, y es la libertad de identidad de género, la libertad de orientación sexual y la dignidad de esa persona.

Y, por supuesto, usted no se ampare en la libertad de cátedra para decirme que..., bueno, que como hay libertad de cátedra, cada uno puede decir lo que quiera... No, no puede decir lo que quiera, hay cuestiones, como por ejemplo eso, la apología del franquismo, que no se deberían de poder hacer.

O cuestiones, por ejemplo,... (Veus) Estoy poniendo ejemplos, disculpen, señorías, hay cuestiones que en democracia no se pueden permitir, y no se puede permitir que alguien, como una entidad privada y, además, que quiere imponer una confesión religiosa, por ejemplo, como puede ser el arzobispado que quiso injerir en los PIES, no puede, ese arzobispado, entrar a decir lo que sabemos que dice la religión católica, porque para eso tienen ustedes..., o tienen esas personas, su Iglesia, y no se puede entrar a los colegios a realizar ese proselitismo, ese proselitismo que va en contra (veus) de la libertad y de la dignidad de las personas según su orientación sexual y según su identidad de género.

Por supuesto, me dejo algunas cuestiones, pero aquí no tratamos de imponer nada. Precisamente, queremos ir en contra de esa imposición de la sociedad que se realiza desde el heteropatriarcado, es decir, la norma es la heterosexualidad, y, por supuesto, avanzar, porque naturalmente que los transexuales... –y ahora acabo, señoría–, naturalmente que los transexuales, naturalmente que el colectivo LGTBI está muy discriminado en todos estos ámbitos que hemos determinado, y si ustedes no quieren verlo es porque a lo mejor ustedes son los que tienen un problema a la hora de conocer y de defender supuestamente la libertad de orientación sexual, etcétera. A lo mejor esa poca gente que usted ha dicho antes que es la que discrimina, se encuentra en el Consell.

Defensa de mis enmiendas a los presupuestos de Política Social

(El PP ha votado en contra todas nuestras enmiendas, por lo que reitero que nos hallamos ante unos presupuestos de Política Social antisociales, insolidarios, machistas, homófobos, lesbófobos y tránsfobos.)

Intervención defensa enmiendas Justicia y Bienestar Social

Hemos trabajado sobre unos presupuestos que en general baja el presupuesto en 6.346.530 € en uno de las consellerías más importantes para la sociedad valenciana en un momento de crisis dramática. Por lo que, más que hablar de Consellería de Bienestar Social deberíamos hablar de Consellería de supervivencia. Además, es necesario resaltar de nuevo que debido a las limitaciones que el reglamento de esta cámara nos ofrece a la hora de enmendar el presupuesto, ya que sólo podemos mover partidas presupuestarias dentro de la misma sección, en el caso de Bienestar Social y Justicia es ext

remadamente difícil aumentar las partidas que lo necesitan, debido a que la dotación global es muy insuficiente y la mayoría de partidas existentes son necesarias. ¿Cómo aumentar la eficiencia de Ley de Dependencia que ustedes quieren hacernos creer inviable? ¿Quitando presupuesto a mujer, a servicios sociales de base, a cooperación al desarrollo? Por eso la gran mayoría de nuestras enmiendas son de carácter literario, es decir, que expresan cuáles deberían ser los objetivos y líneas a seguir por parte de esta Consellería si realmente le interesa atender las necesidades de la gran mayoría.

- Mujer

Se produce una bajada del presupuesto con respecto a 2011 en 2,211.300 euros teniendo en cuenta además que esta Dirección General antes sólo se encargaba del tema de Mujer y actualmente contempla también el de la familia. Dirección General que se llama “De familia y mujer”. ¿Está ese nombre inspirado en la Sección Femenina? Porque además descarta la palabra “igualdad” que debería de ser la que acompañara a Mujer para atajar transversalmente todas las carencias que en esa materia vivimos en la sociedad valenciana, visibilizando y procurando la igualdad de género y de identidad y orientación sexual? Por ello, exigimos a través de la enmienda 1624 la modificación del nombre a su denominación anterior de “De la Dona i per la Igualtat”. Asimismo, en todas aquellas líneas en las que se habla de la “familia” hemos creído necesario aclarar que se refiere a “todos los tipos de familia posibles”, no sea que vayamos a pensar que este Consell discrimina a aquellas familias que no siguen el canon tradicional católico apostólico y romano (enmienda 1626 por ejemplo).

Por otra parte es fundamental corregir el lenguaje sexista que se utiliza en la literatura que marca los objetivos de esta consellería que, supuestamente, lucha por la igualdad de género y, sin embargo, habla de “asociacionismo femenino”, de verdad, ¿qué significa esto, que se va a fomentar el uso en labores domésticas o qué otro estereótipo anacrónico van a fomentar? Explíquenmelo, porque lo correcto, si de verdad se quiere fomentar la igualdad y no una regresión en nuestros derechos, sería que un objetivo básico fuera: “fomentar el asociacionismo que trabaje por la igualdad en todos los ámbitos, incluyendo la igualdad del colectivo LGTB” (enmienda 1629).

Por cierto, que en esta línea es necesaria la modificación que planteamos en la enmienda 1696 en la que, en vez de ayudar económicamente a quien estudie el Máster sobre género y políticas de Igualdad en la Universidad católica Cardenal Herrera, lo hagan en la Universidad de Valencia, pública.

Porque las políticas de género si no son transversales no sirven más que para hacer demagogia, por eso proponemos como una Principal Línea de actuación (enmienda 1631) el tomar las medidas necesarias para la creación de la Consellería de la Igualtat. Y, por supuesto, es necesario tal y como consensuamos en el manifiesto del Día contra la violencia de género en el seno de esta cámara que había que dotar presupuestariamente a la futura Ley contra la violencia de género. Hasta ahora hemos visto solamente cómo el Conseller la presentaba en rueda de prensa ese día y sin embargo, no hay ninguna previsión económica que la pueda hacer realidad (enmienda 1633). Esto es algo demasiado serio como para que hagan con ello un brindis al Sol.

La carencia de partidas presupuestarias hacia políticas de igualdad del colectivo LGTB muestran y lo reiteraré cuántas veces haga falta como este Consell está enfermo de homofobia, lesbofobia y transfobia. Y para desmentir esta afirmación tienen la oportunidad de aprobar diferentes enmiendas presentadas por esta formación política, como la 1636 que pide el desarrollo de campañas, jornadas, charlas y seminarios que conciencien y sensibilicen a la sociedad valenciana sobre la discriminación que sufren tanto las mujeres, como el colectivo LGTB. (Enmienda 1649: impulso y soporte técnico del Observatorio de Publicidad No Sexista del País Valencià… entidad que agoniza por si inexistente actividad, porque si de verdad se creen este órgano, no sé qué dice este texto que ustedes no puedan compartir).

- Cooperación al desarrollo

En cuanto a Cooperación al desarrollo en un momento de crisis internacional dramática, el Consell decide incumplir la Ley Valenciana de Cooperación, el Estatut y el Pacto Valenciano contra la Pobreza y destinar un 0,094% en vez del 0,7% del presupuesto consolidado a la ayuda humanitaria y solidaridad internacional. Así que, tienen la oportunidad de cumplir con la legalidad y la moralidad aprobando, por ejemplo, la enmienda 1654. Y así, dejábamos de invertir 9 céntimos de cada 100 euros. Después de saber lo que se han gastado en proyectos fantasma de Calatrava o las facturas que han soportado para sociedades o fundaciones como la de Urdangarín, su actitud es cuanto menos deplorable.

- Dependencia (viabilidad)

En cuanto a los servicios sociales, desde Esquerra Unida denunciamos que el sistema de privatización de centros de día, residencias y centros ocupacionales es inviable a tenor de los millones de euros que se adeudan a las empresas y las contínuos retrasos a los que se someten los trabajadores del sector. Por eso presentamos en este sentido enmiendas como la 1657 que pide una apuesta decidida por la gestión pública o de entidades sin ánimo de lucro. O también transferir la gestión de AVAPSA a las corporaciones locales, como garante de la realización del servicio.

Además a través de la enmienda 1663 exigimos la aplicación de la normativa aprobada por la Consellería en materia de procedimientos de la Ley de Dependencia en cuanto a cumplimiento de plazos, retroactividad, etc… es decir, de nuevo hacemos una enmienda que garantice el cumplimiento de una obligación legal. Además, teniendo en cuenta que contamos con más de un 20% de la población valenciana bajo el umbral de la pobreza hemos realizado una serie de enmiendas literarias que establecen como objetivo el destinar todos los recursos necesarios que permitan cubrir el 100% de la necesidad y derecho de la población a la renta garantizada de ciudadanía y así acabar con el oscurantismo y la desidia a la que nos tienen acostumbrados con este derecho (por ejemplo enmienda 1669).

- IVAJ

En el año 2008 las transferencias hacia los diferentes capítulos de respaldo directo a los jóvenes (laboral, vivienda, iniciativa, asociacionismo..) constituían 3.194.000 euros. Hoy proponen 389.000€ para todo el conjunto de la política valenciana. Hablan de empleo, y han desaparecido los 526000€ que concedían para el fomento de empresas e iniciativas jóvenes. Hablan de Política Social y han desaparecido los 760000€ en ayudas de alquiler. Hablan de democracia, juventud, etc... y han acabado con prácticamente todas las líneas de respaldo al movimiento asociativo valenciano. Mienten continuamente cuando hablan de ajustes en vez de recortes. Como ha denunciado ya públicamente el CJCV mientras que el recorte presupuestario del IVAJ es de sólo el 7% el recorte sobre la partida que este destina a inversión en políticas de juventud es de un 60%.

En cuatro años, pese a lo necesarias e imprescindibles que eran entonces para el conseller Cotino determinadas políticas de juventud; en cuatro simples años ustedes no han realizado un ajuste, sino una reducción de la inversión en juventud superior al 80%. Estamos ante un asesinato del movimiento juvenil valenciano. Reitero que podemos recordar las palabras del sr. Cotino, vanagloriándose de lo que se hacía por los jóvenes valencianos. ¿Y ahora? ¿Acaso los jóvenes valencianos disfrutan ahora de una situación social y económica que les hace no necesitar políticas de juventud? Estos son los primeros presupuestos del Presidente Fabra. ¿Dónde está el cambio? El anterior Consell sentenció a muerte al asociacionismo juvenil valenciano y a las políticas de juventud. Y su nuevo equipo sólo viene aquí a hacer de enterrador, continuando la misma comparsa.

Si tuvieran ustedes el detalle de leerse nuestras enmiendas, como nosotras si tenemos el detalle de leernos las suyas con detalle, verán que no les planteamos tampoco un reto inasumible. Les planteamos mantener, al menos, la cantidad económica que destinaron el año pasado al asociacionismo juvenil de ámbito autonómico (y que ya era el menor en muchos años). Les planteamos. Les planteamos volver a introducir una ayuda, un respaldo al alquiler de las personas jóvenes. Les pedimos cofinanciar programas y actividades de formación sobre conductas sexuales segures, respeto a las orientaciones sexuales propias y de los demás, con actividades de información y formación sobre aspectos de la sexualidad, importantes para la juventud, gesto que serviría para demostrar con hechos y no con palabras la implicación en estos temas del actual consell. Les pedimos, simple y llanamente, que dejen de hacer demagogia con los y las jóvenes valencianos y empiecen a respetarlos, empiecen a hacer algo por ellos y dejen de recortar salvajemente sus derechos.

- Justicia

En primer lugar hay que tener en cuenta lo ficticio de estos presupuestos, ya que por ejemplo los vigentes de 2011 ya se encontraban totalmente comprometidos por lo adeudado de ejercicios anteriores, siendo el caso más evidente el destinado a los abogados y procuradores del turno de oficio, que a inicios de 2011 debía aún deuda contraída de 2010. Por ello, nosotros hemos hecho hincapié en la reducción por segundo año consecutivo de la partida destinada a personal que afecta a la calidad y rapidez del servicio: hace más lento el cobro de impagados, los juicios por despido, el reconocimiento de los derechos de la ley de dependencia que ustedes no reconocen por ley y obligan a judicializar, etc… y la justicia si es lenta no es justicia (enmienda 1681).

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El último conjunto de enmiendas se refiere al capítulo de personal:

el Consell decidió eliminar más de un centenar de puestos de jefatura de servicio con la excusa de ahorrar (sospechamos, sin embargo, que la verdadera intención era llevar a cabo una purga de altos funcionarios que ocupaban su puesto por concurso, ya que la nueva ley permite clasificar las jefaturas de servicio como de libre designación). Para ello aprobó unos nuevos Reglamentos Orgánicos y Funcionales de cada conselleria, pero todavía falta finalizar el proceso legal de remoción de los funcionarios que ocupan su puesto por concurso (muchos de los cuales han anunciado que van a recurrir). El caso es que el conseller de Hacienda y Administración Pública se adelantó y en los Presupuestos para 2012 eliminó esos puestos de trabajo e incluyó los nuevos puestos que se pretenden crear o reclasificar, a pesar de que no se ha cumplido aún con todos los trámites legales. Estas enmiendas suponen simplemente incluir en la plantilla de cada conselleria puestos de jefatura de servicio que aún existen y están ocupados (hasta que se complete el proceso de remoción) por personal funcionario que accedió a los mismos por concurso de méritos (enmiendas1704-1708).

En resumen, ustedes quieren crear una red clientelar que les sostenga en los próximos años y no han tenido ni la decencia de acomodarse a los plazos legales para modificar algo tan importante como son plantillas de trabajadores. No solamente se preocupan por mantener su poder económico sino que además ignoran y agreden a los trabajadores de esta casa.

El PP me amenaza y se burla de mí por defender los derechos LGTB

Ante la comparecencia del conseller de Justicia y Bienestar Social para debatir acerca de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2012, pongo de manifiesto el descenso presupuestario en materia de igualdad y la inexistencia de partidas dirigidas al colecitvo LGTB. Por tanto, defino estos presupuestos como "machistas, homófobos, lesbófobos y tránsfobos".

Sobre la actuación del PP ante mis palabras, mejor no hacer comentarios...

Intervención contra la alcaldesa de Alicante, "presunta" corrupta

El Plan General de Ordenación Urbana de Alicante está siendo investigado judicialmente por "supuesto" trato de favor por parte de la alcaldesa y anterior alcalde (ambos del PP) hacia un constructor llamado Enrique Ortiz, al que los alicantinos y alicantinas ya prácticamente concebimos como el cacique que desgobierna nuestra ciudad.

EU se ha personado como acusación popular, hicimos alegaciones al Plan, hemos pedido constantemente su paralización por un principio de cautela jurídica, así como hemos presentado una moción en el Ayuntamiento de Alicante para aprobar una comisión de investigación en el que se depuren las responsabilidades políticas pertinentes.

Porque no todos los políticos somos iguales, seguiremos luchando contra la corrupción.

El PP quiere legalizar la xenofobia académica

‘JÓVENES DE IU’ DENUNCIAMOS LOS PLANES DEL PP PARA QUE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS PAGUEN MÁS POR LA UNIVERSIDAD Y EMPLAZAN A RAJOY A QUE “DIGA SI PIENSA EXTENDERLO A TODO EL ESTADO”




(Nota de prensa informativa del Área de Juventud de Izquierda Unida)



Esther López Barceló, coordinadora del Área Federal de Jóvenes, denuncia que “el PP se ampara vergonzosamente en su política de recortes y trata de legalizar primero en el País Valencià una impresentable ‘xenofobia académica’ a la que nos oponemos radicalmente”



El Área Federal de Jóvenes de Izquierda Unida, que coordina Esther López Barceló, denuncia los planes del Partido Popular para abrir la puerta a una fuerte subida del precio tanto del curso universitario completo como de los créditos por asignatura a los estudiantes extranjeros no pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea. López Barceló, en nombre de ‘Jóvenes de IU’, exige al partido de la derecha que lidera Mariano Rajoy que “antes de formar gobierno desvele si tiene intención de extender al conjunto del Estado esta medida que su formación ya ha puesto en fase de tramitación parlamentaria en el País Valenciá”.



En concreto, ‘Jóvenes de IU’, en colaboración con el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) recuerdan que el Gobierno valenciano ha recurrido ya a la fórmula parlamentaria de incluir un breve apartado dentro de un artículo del Proyecto de Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat “o lo que es lo mismo, la ley de acompañamiento a los Presupuestos valencianos, que se tramitará por el procedimiento de urgencia”, señalan.



El texto en cuestión señala textualmente que “Dos. Se añade un apartado cinco al artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Cinco. El Consell podrá establecer un importe superior de la tasa por crédito o curso completo a los estudiantes extranjeros no nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, sin que, en ningún caso, aquel importe exceda en cinco veces el fijado en los correspondientes epígrafes de la tarifa relativa a «Actividad docente» que sean aprobados por el Consell, de acuerdo con el artículo 150, apartado dos, de esta ley, ni sobrepase el coste efectivo del servicio*”.



Para la coordinadora federal del Área de Jóvenes de IU, “el PP no sólo pasa de tener en cuenta que puede hundir la formación universitaria y la trayectoria académica de miles de personas a medio plazo sino que, amparándose vergonzosamente en su política de recortes, trata de legalizar una impresentable ‘xenofobia académica’ a la que nos oponemos radicalmente”.



López Barceló denuncia que “estamos frente al ejercicio de una clara discriminación. El PP apuesta por una subida de la educación universitaria injusta y discriminatoria. No estamos ante una discriminación positiva en favor de los estudiantes de nacionalidad europea, como se pretende hacer creer desde el Consell, sino simplemente de recaudar más a costa de castigar a los estudiantes, en su inmensa mayoría jóvenes, sólo por elhecho de no poseer un pasaporte europeo”.

“Además –detalla la dirigente de IU-, queremos desenmascarar que esta medida no sólo no contribuye a facilitar, ordenar o disminuir el coste de la educación de los universitarios de la UE sino que el PP utiliza esta falacia para tratar de tapar una encubierta política migratoria restrictiva al más puro estilo de las formaciones xenófobas de la UE”.



La responsable de ‘Jóvenes de IU’ advierte que “de ponerse en marcha esta medida afectará también a aquellas personas de nacionalidad no española o de Estados de la UE que quieran acceder a la Universidad a pesar de que hayan nacido o lleven viviendo prácticamente toda su vida en España. Así, muchos menores que hoy cursan estudios en nuestros colegios e institutos deberán despedirse de estudiar una carrera por motivos económicos, pese a estar ellos y sus familias perfectamente integrados. Desde IU nunca se han marcado diferencias entre residentes/no residentes, sino que defendemos el derecho universal a la Educación Pública, de acuerdo con la propia carta de DD.HH. firmada por el Estado español y lo que recoge hasta la propia Ley de Extranjería, refrendada por el PP, que reconoce la igualdad de derecho educativo a los residentes en España”.



“Estamos también ante la hipocresía de quienes demandan en sus discursos y dicen defender que haya mayor inversión de y para los países subdesarrollados en capital humano, mientras se expulsa a sus habitantes de las universidades públicas españolas, impidiendo el desarrollo de ese mismo capital humano”, afirma.



Esther López Barceló adelanta que “desde ahora mismo garantizamos nuestro respaldo y presencia en todas las movilizaciones que puedan surgir en relación con este tema. Lo hacemos en base a nuestro compromiso con la defensa de la Universidad pública, pero también por nuestro compromiso con la defensa de los derechos y deberes de ciudadanía de las personas, por el mero hecho de serlo y por encima de su lugar de nacimiento”

El machismo, enfermedad social.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad –recordatorio: refundición de ministerios realizada por el Gobierno, justificada al parecer por motivos económicos- el número de víctimas del terrorismo machista en el País Valencià ascienden a 8, ocupando un 14,7% del porcentaje de asesinatos que esta endémica enfermedad social provoca en el Estado español. Estos números representan infiernos personales y familiares que han llegado a las últimas crueles consecuencias de un camino de maltrato psicológico y físico nacido de un falso sentimiento de desigualdad y machismo. Porque esta tragedia social no es inevitable no tiene las características propias de un fenómeno atmosférico, sino que es el producto de una sociedad en la que la desigualdad de género está presente en el imaginario colectivo: desde la publicidad sexista de taxis y autobuses, anuncios de periódicos, en los que la mujer se representa como un elemento de consumo; en tradiciones ancladas en discriminaciones de otro siglo como algunas de las fiestas de moros y cristianos o la brecha salarial de la mujer que a igual trabajo percibe un menor salario, existiendo en España una diferencia salarial entre ambos sexos de un 22%. De hecho, el lector no se habrá sorprendido de los ejemplos citados ya que son elementos cotidianos de su realidad. Y esa es una de las batallas primordiales en la lucha por erradicar estos infiernos personales, que hemos de combatir: la de devolver la capacidad de indignación a la ciudadanía ante situaciones como las anteriores. 

Sin embargo, las prioridades políticas del PP son otras y se evidencia, por ejemplo, en la partida presupuestaria del Consell para 2012. La Dirección General de Familia y Mujer –sí, se llama así, no me he equivocado transcribiendo un capítulo de la antigua Sección Femenina- sufre una bajada del presupuesto con respecto a 2011 en 2.211.300 € teniendo en cuenta además que antes esta dirección solo contemplaba la promoción de la mujer y actualmente contempla Familia y Mujer, como ya hemos constatado. Por si esto no fuera poco, la asistencia social está externalizada y aún no tenemos constancia del momento en que se va a poner en práctica el compromiso contraído en Les Corts en la anterior legislatura para aprobar una Ley contra la violencia de género que contemplaba medidas de prevención y asistencia integral. De la previsión presupuestaria para llevar a cabo esta medida no se sabe nada y seguramente estará publicada en la misma tinta invisible con la que se han detallado los presupuestos en materia de igualdad para Lesbianas, gays y transexuales (LGTB). 

Esperemos que la importancia del Día internacional contra la violencia de género lleve al Consell a una profunda reflexión y no se limite su acción a un lacito negro en la solapa. Aún están a tiempo.

Entrevista en la SER como Coordinadora de Juventud: "Lo llaman democracia y no lo es"

Aquí podéis escuchar una entrevista que me hicieron como coordinadora de Juventud de IU durante el mes de agosto en plena efervescencia de movilizaciones contra la financiación de la Jornada Mundial de la Juventud. Dura sólo 5 minutos y el diagnóstico y propuestas están totalmente vigentes.

http://www.mefeedia.com/watch/43564606